El Gobierno nacional formalizó este jueves la intervención del puerto de Ushuaia por el término de un año, luego de una serie de inspecciones que habrían detectado irregularidades financieras, deficiencias operativas y problemas de seguridad en la principal terminal marítima de Tierra del Fuego. La decisión fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Según lo establecido en la normativa, la administración operativa, técnica y administrativa del puerto quedará a cargo del Estado nacional durante el período de intervención, con la posibilidad de extender ese plazo si las anomalías detectadas no son subsanadas. La resolución lleva la firma del director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor.
De acuerdo a los fundamentos oficiales, las inspecciones realizadas durante el año pasado evidenciaron presuntos desvíos de fondos que debían ser destinados al mantenimiento y mejora de la infraestructura portuaria, pero que habrían sido utilizados para otros fines dentro de la administración provincial. Además, se señalaron falencias en los protocolos de seguridad, riesgos estructurales en el muelle y una falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades locales ante requerimientos previos de regularización.
Desde el organismo nacional también indicaron que la decisión se tomó luego de reiteradas advertencias, denuncias de vaciamiento realizadas por trabajadores del sector y reclamos de empresas navieras que operan en la terminal, preocupadas por el estado general del puerto y la continuidad de las operaciones.
La intervención se produce en un momento clave para Ushuaia, en plena temporada de cruceros, lo que generó un inmediato cruce político entre la Nación y el gobierno fueguino. Desde la provincia aseguraron que la operatoria del puerto continúa desarrollándose con normalidad y rechazaron los argumentos expuestos por la administración nacional.
En ese marco, el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que avanzará con una presentación judicial para intentar frenar la medida. Desde el entorno del gobernador Gustavo Melella señalaron que la intervención representa un “avasallamiento” sobre la autonomía provincial y que se está trabajando en una estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos recupere el control efectivo de la terminal.
Mientras el conflicto se traslada al plano judicial, la intervención del puerto de Ushuaia abre un nuevo capítulo de tensión entre la administración de Javier Milei y las autoridades provinciales, con impacto en un sector estratégico para la economía y el turismo de la región austral del país.
