En conferencia de prensa Cococcioni reconoció que existen problemas estructurales en las condiciones laborales del personal policial y aseguró que el Gobierno utiliza “todas las herramientas disponibles” para abordarlos. Sin embargo, denunció que en las últimas horas el reclamo fue aprovechado por sectores con intereses particulares, incluso por personas que fueron separadas de la fuerza por corrupción o delitos graves, con el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo.
Según detalló el ministro, durante la noche se impidió la salida de patrulleros, se paralizaron al menos 20 unidades en Rosario y Santa Fe, y varios móviles fueron retirados del servicio activo para ser ubicados frente a las jefaturas policiales. Esa situación, remarcó, “elevó objetivamente el nivel de riesgo para la población”.
“Frente a estos hechos, el jefe de Policía comenzó a labrar actuaciones administrativas y se resolvió el pase a disponibilidad de no menos de 20 funcionarios policiales, con retiro del arma reglamentaria, mientras se avanza en investigaciones en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para determinar posibles responsabilidades penales” detalló Cococcioni. En el msmo sentido agregó: “si el abandono del servicio hubiera facilitado la comisión de delitos, los responsables podrían enfrentar consecuencias judiciales”.
En cuanto a la cuestión salarial, aclaró que no se negocia por fuera del esquema general del Estado, y que se mantiene el criterio de suplementos diferenciados para quienes prestan servicio en zonas de alta conflictividad. Reconoció que los reclamos “no están satisfechos” y que “falta mucho para el bienestar de la fuerza”, pero advirtió que no se pondrá sobre la mesa de negociación la seguridad pública.
Por último, defendió la política de seguridad provincial y sostuvo que “los indicadores de delito y violencia vienen en baja, especialmente en Rosario. Acá trazamos una raya que no vamos a permitir que se cruce”.
