El Gobierno nacional presentó este martes ante los bloques aliados de la Cámara de Diputados una nueva propuesta para modificar el régimen de discapacidad y reemplazar la actual Emergencia en Discapacidad. El proyecto fue elaborado después de la controversia generada por los cambios incluidos en el Presupuesto 2027, que planteaban modificaciones en las pensiones y en el sistema de prestaciones.
La nueva iniciativa elimina la figura de la Emergencia, pero mantiene varios de los principales mecanismos previstos en el sistema vigente. Entre ellos, establece que la pensión no contributiva por discapacidad continuará actualizándose mensualmente por inflación y garantiza el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud.
Además, la propuesta contempla que la pensión sea compatible con un trabajo registrado cuando la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También establece beneficios impositivos para los empleadores que incorporen personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
Se mantiene el nomenclador único
Uno de los puntos centrales del nuevo proyecto es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, dos aspectos que habían sido cuestionados por organizaciones vinculadas a la discapacidad ante los cambios planteados inicialmente en el Presupuesto 2027.
La nueva propuesta mantiene el criterio de que los valores de las prestaciones sean iguales para las entidades alcanzadas por el sistema y que su actualización siga un mecanismo establecido por la normativa. En septiembre, por ejemplo, el Gobierno oficializó un incremento del 1,70% en los aranceles del nomenclador, calculado sobre la variación del IPC de agosto.
El proyecto también reconoce el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones previstas por las diferencias acumuladas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no habían quedado cubiertas por las actualizaciones posteriores.
Auditorías para las pensiones
Aunque mantiene la pensión, la iniciativa incorpora controles periódicos sobre los beneficiarios. El proyecto establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para conservar tanto la pensión no contributiva por invalidez laboral como la pensión por discapacidad.
Los controles incluirán la revisión de documentación y de la situación socioeconómica de los beneficiarios mediante el cruce de información con bases de datos públicas.
El Gobierno ya había iniciado durante este año un proceso de revisión de las pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para esos beneficios.
Fondos dentro del Presupuesto
La propuesta también establece que las partidas destinadas al área de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio inmediato anterior.
De esta manera, el oficialismo busca que los recursos destinados a las prestaciones queden incorporados al Presupuesto nacional y puedan ser auditados dentro de ese esquema, en lugar de depender de una declaración de emergencia.
El proyecto fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante una reunión con representantes de distintos bloques aliados. La iniciativa deberá ahora avanzar en las comisiones antes de llegar al recinto, en medio de las negociaciones entre el oficialismo y los distintos espacios políticos.
