Mientras se espera el dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado sobre los candidatos del presidente Javier Milei a la Corte Suprema, el Gobierno nacional rechazó las objeciones presentadas contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo.
Mediante el decreto 785/2024, el Ejecutivo consideró “inadmisible” la petición presentada de forma conjunta por el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las organizaciones Será Justicia, Acción Conjunta Republicana (ACR), Asociación Civil Usina de Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción, Profesores Republicanos; y los abogados Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Enrique Vega, Alberto Fidel Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo de Jesús y Marcelo Camerini.
Así, el Gobierno contestó al recurso de revisión presentado el pasado 12 de junio, en términos del artículo 22 de la Ley N°19.549, de Procedimiento Administrativo, con el que solicitaron la nulidad del “acto administrativo” por el que se elevó al Senado de la Nación la candidatura de Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de la Nación.
En ella, los firmantes plantearon que la solicitud no cumplía con los requisitos esenciales de la legislación vigente. Frente a esto, el Gobierno aseguró que “no se configura ninguna de las causales que viabilizarían un recurso de revisión como el intentado, lo que conlleva de lleno a su inadmisibilidad forma”.
“El acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero; ni tampoco ha mediado la declaración de falsedad de algún documento que haya servido de base a lo decidido; como finalmente tampoco existe pronunciamiento jurisdiccional alguno del que surja la existencia de los ilícitos que contempla la norma”, explicaron.
A su vez, señalaron que “la remisión del pliego al Senado de la Nación no constituye un acto de designación y, por tanto, no produce por sí mismo efectos jurídicos definitivos para ningún interesado”.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Hace tan solo unos días, el mandatario volvió a defender la designación de Lijo durante una entrevista con Luis Majul por LN+. “Es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial, y sería la primera vez que llega a la Corte una persona con esas características. El segundo punto, y que no es un tema menor, es que en el mundo moderno los problemas vienen de los ciberataques, ya sea terrorista o narcotráfico. ¿Dígame quién es el único especialista en esos temas? Lijo”, sostuvo Milei.
Unas dos semanas antes, el juez federal defendió su postulación durante una maratónica audiencia pública que se realizó en el Senado. El magistrado federal contestó la mayoría de los requerimientos realizados, salvo aquellos en los que se dispensó ante una eventual intervención futura en caso de ser designado, con los votos del Senado, como miembro de la Corte Suprema, ante varios legisladores que quedaron enfrascados en discusiones contra el juez más inclinadas hacia lo mediático que lo jurídico, un error clave en este tipo de instancias. De hecho, casi nadie llevó preguntas específicas sobre derecho penal, una prueba trascendental para medir la idoneidad del candidato.
Según Lijo, la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.
Días después, fue el turno del otro candidato del Ejecutivo, Manuel García Mansilla, quien revalidó su amplia experiencia académica y respondió un frondoso cuestionario realizado por la oposición dialoguista -radicales, en particular- y del kirchnerismo, que buscó sin éxito unir al postulante a intenciones políticas, de género, judiciales y sobre sesgos partidarios.
Ahora, se espera que la Comisión de Acuerdos del Senado alcance el consenso necesario para emitir dictamen y permitir que los pliegos sean tratados en el recinto.
Fuente: infoabe
