El Poder Ejecutivo avanzará en los próximos días con la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de inteligencia y redefine la estructura del sistema nacional. La norma refuerza el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que conservará la conducción del esquema de espionaje, pero sumará nuevas facultades, entre ellas la posibilidad de requerir información a otros organismos públicos, brindar su propia seguridad y aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial.
El decreto, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y los integrantes de su gabinete, introduce una reorganización integral del área: crea nuevas agencias, disuelve otras y unifica funciones con el objetivo de mejorar la coordinación y el intercambio de datos entre dependencias del Estado.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa apunta a “modernizar, ordenar y legitimar” el Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas actuales y sometiéndolo a mayores controles. En ese sentido, el texto incorpora definiciones que no estaban explicitadas en la legislación vigente, como el carácter reservado y encubierto de las actividades de inteligencia, justificadas por su sensibilidad estratégica.
La norma también precisa el alcance de las tareas de contrainteligencia, que incluyen la prevención de infiltraciones, espionaje, sabotajes, atentados contra el orden constitucional y cualquier tipo de injerencia externa que pueda afectar el proceso de toma de decisiones de las autoridades o los intereses estratégicos del país.
En cuanto a la estructura orgánica, la SIDE se mantiene como organismo central, aunque se modifican varias de sus dependencias. La Agencia de Seguridad Nacional pasará a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco específico en el ámbito digital; y la División de Asuntos Internos se transformará en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
El decreto amplía además las atribuciones de la SIDE, que quedará a cargo de la planificación del esfuerzo estatal en la obtención y análisis de información estratégica, la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la articulación con organismos nacionales e internacionales. También podrá solicitar datos a cualquier dependencia del sector público y coordinar acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las novedades, se destaca la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Tendrá como misión planificar y supervisar políticas de ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas, activos digitales estratégicos y sistemas tecnológicos vinculados a servicios públicos esenciales. Para su funcionamiento, se transferirán bienes y personal provenientes de la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
La norma establece, además, dos espacios de coordinación interinstitucional: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que agrupa a los organismos de inteligencia y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y entes con capacidad de generar información relevante para el análisis estratégico, como Migraciones, Aduana y organismos del sector nuclear.
Otro punto relevante es la habilitación para que los organismos de inteligencia cuenten con sistemas propios de protección de instalaciones, bienes y personal, y puedan repeler agresiones. Asimismo, se autoriza al personal de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sin superposición de funciones.
En el artículo 19, el decreto prevé que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en el marco de investigaciones judiciales o ante la comisión de delitos en flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales correspondientes.
Finalmente, el texto regula la reasignación del personal de las áreas que se reestructuran y define un esquema de transición para garantizar la continuidad operativa. Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma busca mejorar la integración del sistema de inteligencia con los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminar superposiciones y fortalecer los mecanismos de control, al tiempo que se aclara que el sector no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
