El juez Marcelo Bailaque presentó este martes su renuncia al cargo de titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, la cual se haría efectiva a partir del próximo 1° de julio. La dimisión llega en un momento crítico para el magistrado, quien se encontraba al borde de la destitución, acorralado por múltiples y graves acusaciones penales que incluyen la presunta protección a bandas narcocriminales y la participación en una red de extorsión.
Bailaque, con más de dos décadas de servicio en la justicia federal rosarina, enfrentaba un futuro inminente ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde había sido citado para el próximo martes 17 de junio. Las expectativas apuntaban a que de esa audiencia saldría una recomendación para su suspensión y el inicio de un jury de enjuiciamiento. Con su renuncia, el juez busca eludir esa instancia disciplinaria.
Sin embargo, la dimisión no lo exime de sus responsabilidades penales. Sobre Bailaque pesa una orden de prisión preventiva domiciliaria dictada por la justicia, que hasta ahora no se había efectivizado debido a los fueros que le otorgaba su cargo. Una vez que el Poder Ejecutivo Nacional acepte su renuncia, el juez perderá esa inmunidad y podría ser detenido de inmediato.
Las causas que lo cercan
La situación de Bailaque se complicó drásticamente en los últimos meses. El juez se encuentra imputado en tres causas penales que tramitan en los tribunales federales de Rosario. Las acusaciones son de una gravedad institucional sin precedentes para un magistrado de su jerarquía en la región.
Una de las imputaciones más resonantes lo vincula con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, a quien presuntamente habría beneficiado con resoluciones judiciales para entorpecer investigaciones en su contra. Fiscales federales sostienen que Bailaque obstaculizó medidas de prueba cruciales que apuntaban a desbaratar la organización de Alvarado, uno de los principales actores del narcotráfico en Rosario.
Además, se le acusa de haber montado, en connivencia con Carlos Vaudagna, es titular de AFIP, un esquema de extorsión a empresarios. Según la investigación, se armaban causas para luego exigir dinero a cambio de “solucionar” la situación judicial de las víctimas.
La renuncia de Bailaque abre ahora un nuevo capítulo en esta trama. Mientras se aguarda la decisión del gobierno de Javier Milei sobre la aceptación de su dimisión, la justicia se prepara para hacer cumplir la orden de detención. Su salida, lejos de cerrar el escándalo, promete profundizar la investigación sobre la corrupción judicial y sus lazos con el narcotráfico en una de las zonas más calientes del país.
