El extenso proceso judicial de Vicentin S.A.I.C. dio este martes un paso decisivo hacia su desenlace. En una resolución firmada el 11 de noviembre, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso en el tribunal de Reconquista, reconoció formalmente a la empresa Grassi S.A. como ganadora del proceso de salvataje (cramdown), tras comprobar que fue la primera oferente en alcanzar las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras.
La decisión se tomó en base al informe de la sindicatura plural, integrada por Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García, que verificó que la propuesta de Grassi obtuvo la adhesión de 1.141 acreedores sobre un total de 1.708, lo que representa el 65,97 % de las cápitas y el 84,99 % del capital verificado. Con ese respaldo, la oferta superó los umbrales necesarios para su aprobación.
El juez dispuso además la apertura de un plazo de cinco días hábiles para que los “legitimados concursales” presenten impugnaciones u observaciones al acuerdo. Si no se presentan objeciones fundadas, Lorenzini podrá avanzar con la sentencia de homologación que formalizará la transferencia de las acciones y el traspaso del control operativo de la agroexportadora.
La resolución llega luego de una dura competencia entre Grassi y el consorcio conformado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Aunque ambos habían asegurado contar con las mayorías, solo la propuesta de Grassi fue validada por la sindicatura y reconocida judicialmente.
La oferta de Grassi, con sede en Rosario, contempla la continuidad operativa de Vicentin, incentivos para productores que vuelvan a comercializar granos con la empresa —incluyendo recompras a sobreprecio— y un plan de recuperación para los acreedores financieros que aporten nueva prefinanciación de exportaciones.
En un comunicado, la firma destacó “el apoyo y la confianza recibidos por una enorme mayoría de acreedores” y subrayó su compromiso de “recuperar una compañía de la trascendencia que tiene Vicentin para el sector agroindustrial argentino”.
Con este fallo, el expediente judicial iniciado tras el default de diciembre de 2019, que involucró deudas superiores a los 1.500 millones de dólares y más de 1.700 acreedores, ingresa en su etapa final. Si la homologación se concreta sin impugnaciones, marcará el cierre de la mayor crisis del agro argentino en las últimas décadas y el inicio de una nueva etapa bajo conducción nacional privada.
