A pesar de su comprometida situación judicial, los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelan que el juez federal Gastón Salmain mantiene una deuda que alcanzó su pico en febrero de 2026, llegando a los $190.551.000. La evolución de su pasivo muestra un crecimiento exponencial: de 96,8 millones en marzo de 2024 a superar los 183 millones a fines de 2025.
Aunque el cumplimiento del crédito figura como “normal”, surge un interrogante ético y financiero central: ¿cómo garantiza el repago un magistrado que enfrenta una prisión preventiva —actualmente suspendida por sus fueros— y un procesamiento confirmado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público? En caso de ser destituido por el Consejo de la Magistratura, Salmain perdería su salario, dejando la deuda como un problema patrimonial para el Estado nacional a través del Banco Nación.
El cerco judicial sobre Salmain
La situación del magistrado, oriundo de Rafaela, se ha vuelto insostenible en los últimos meses debido a una serie de reveses judiciales y administrativos:
-
Procesamiento confirmado: La Cámara Federal de Rosario ratificó por unanimidad su procesamiento.
-
Restricciones de circulación: La Cámara Federal de Casación le prohibió la salida del país.
-
Presión gremial y política: La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó su apartamiento de la subrogancia en Santa Fe, mientras que la diputada Lionella Cattalini presentó un pedido formal de suspensión preventiva.
-
Exclusión de concursos: El Consejo de la Magistratura ya lo desplazó de las listas para cubrir vacantes judiciales.
El “factor Marchi” y la conexión con la Corte Suprema
La causa contra Salmain es una pieza clave en un tablero de corrupción judicial mucho más amplio, que incluye al detenido exjuez Marcelo Bailaque y al financista arrepentido Fernando Whpei. Recientemente, el caso sumó un nombre de peso: Héctor Daniel Marchi, exadministrador general de la Corte Suprema de la Nación.
Marchi, estrecho colaborador de Ricardo Lorenzetti durante 15 años, fue mencionado por el ex titular de la AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, bajo el apodo de “el colorado”. Según la declaración del imputado colaborador, Marchi habría impulsado desde Buenos Aires maniobras de extorsión y el armado de causas contra agentes bursátiles rosarinos. Esta derivación del expediente promete sacudir los cimientos del Poder Judicial en Buenos Aires mientras en Santa Fe se define el futuro del juez Salmain.
