El conflicto estalló cuando el Gobierno de Unidos decidió aplicarle el mismo arancel que le aplica a los bancos (9%) a las fintech o billeteras virtuales, entre las que se encuentra la popular Mercado Pago. En respuesta, la empresa liderada por Marcos Galperín informó que, a partir del 8 de julio, aplicarían comisiones distintas según la provincia, en función de la presión del impuesto a los Ingresos Brutos. Santa Fe quedó entre las jurisdicciones con mayores aumentos.
En respuesta, el gobernador Maximiliano Pullaro salió al cruce asegurando que las fintech que actúan como entidades de crédito deben tributar igual que los bancos, ya que su política fiscal apunta a reduir la especulación financiera y potenciar la actividad productiva.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, dio un paso más: acusó a Mercado Libre de responder con un aumento de tarifas como represalia a un requerimiento de control sobre los dispositivos Point, frecuentes en allanamientos a “búnkeres” de droga. Señaló que las capturas de tarjetas y QR están presentes en operativos, cuestionando la falta de fiscalización por parte de la plataforma y adjuntó que la empresa facilita “indirectamente las transacciones de los narcos”.
Desde Mercado Libre contestaron con un comunicado tajante, rechazando las acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. Insistieron en que su sistema colabora con investigaciones policiales y ponderaron la diferenciación de cargos como una medida transparente, para que usuarios y vendedores comprendan la incidencia de los impuestos locales.
Mercado Libre respondió que la crítica del ministro busca desviar el foco del debate, que debería centrarse en la carga tributaria provincial sobre la economía digital. Volvieron a subrayar que “difamar no baja Ingresos Brutos” y recordaron haber diseñado, en mayo, un plan de entrenamiento para la Policía local para reforzar su colaboración con las autoridades.
