El Parlamento Europeo resolvió este miércoles suspender el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y elevar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión implica, en términos prácticos, la paralización del proceso de ratificación hasta que el máximo órgano judicial del bloque emita su opinión, un trámite que suele extenderse entre 18 y 24 meses.
La votación se produjo apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, concretada el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras más de 26 años de negociaciones. La moción que impulsó el envío del texto a la Justicia europea fue aprobada por una ajustada mayoría: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Una segunda iniciativa, promovida por el bloque ultraderechista Patriotas por Europa, no logró reunir los apoyos necesarios.
Con esta resolución, la Eurocámara expresó sus dudas sobre si el acuerdo respeta el marco jurídico de la Unión Europea, en particular en lo referido a su base legal y a algunos mecanismos incluidos en el pacto. Entre los puntos que serán analizados por el TJUE figuran la validez del llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a los países del Mercosur impugnar normativas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones, y la potestad de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes: una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial.
La Comisión Europea había optado por esta estructura jurídica para agilizar la entrada en vigor del capítulo comercial, dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la UE y solo requiere el aval del Parlamento Europeo. En cambio, el acuerdo de asociación completo, que incluye compromisos políticos, debe ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, lo que supone un proceso más largo y complejo.
Si bien la decisión del Parlamento suspende la ratificación, la Comisión aún podría avanzar con una aplicación provisional de la parte comercial si al menos uno de los países del Mercosur completa su proceso interno de aprobación. Esta posibilidad genera especial resistencia entre eurodiputados y sectores productivos, que advierten sobre un posible menoscabo de la autonomía regulatoria europea.
El fallo parlamentario fue celebrado por organizaciones agrarias y fuerzas políticas críticas del acuerdo. Desde la Izquierda europea y los Verdes destacaron que la votación refleja el malestar de agricultores y ganaderos, que vienen manifestándose contra el pacto por su impacto en la producción local, el medio ambiente y la salud pública. En contrapartida, referentes del Partido Popular Europeo calificaron la maniobra como una decisión “más política que legal” y advirtieron que Europa necesita con urgencia este acuerdo en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y amenazas arancelarias.
Desde la Comisión Europea lamentaron el resultado de la votación y aseguraron que las preocupaciones planteadas por el Parlamento ya fueron abordadas durante las negociaciones. No obstante, el futuro del acuerdo UE-Mercosur quedó ahora en manos del Tribunal de Justicia, cuyo dictamen será clave para definir si el histórico pacto comercial puede avanzar o quedará definitivamente bloqueado.
