Un grupo de diputados provinciales presentó una impugnación ante el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, por haber dejado sin efecto la licencia sin goce de sueldo que Marcelo Sain tenía como director del Organismo de Investigación (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ante la medida de Baclini, anunciada el 31 de marzo, el ex ministro de Seguridad provincial volvió este lunes a su antiguo cargo en el OI. Legisladores santafesinos consideran que a Sain se le debe iniciar un “procedimiento disciplinario” por lo cual piden que se impugne su vuelta al OI, lo que a su vez pone a la máxima autoridad del MPA en medio de una disputa.
La presentación realizada por los diputados santafesinos, entre los cuales se encuentra el presidente del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, Pablo Farías, pide que se anule y deje sin efecto la resolución de Baclini. A su vez calificaron al dictamen como “ilegal e inválido” y pidieron que se aparte del caso a la Auditoria General de Gestión (AGG) del MPA, que lo había emitido.
En ese sentido el pedido de los diputados insiste en la “comisión de faltas graves y la violación reiterada de las incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones como director del OI” de parte de Sain, por lo cual piden la iniciación de un “procedimiento disciplinario”. La base del reclamo de los legisladores es la incompatibilidad de ese procedimiento disciplinario con la función de director del OI de Sain, cargo al que volvió este lunes.
“La reincorporación y eventual permanencia del nombrado Sain en el cargo de director del OI durante la tramitación del procedimiento disciplinario constituiría un verdadero obstáculo tanto para el desarrollo normal de la investigación como para la concreción de las medidas que se adopten al efecto”, describe la presentación de los diputados.
En concreto el petitorio de los legisladores integra una serie de puntos. Entre ellos la revisión de la resolución de la AGG que permitió la vuelta de Sain al OI, que la misma quede sin efecto y que se inicie el “procedimiento disciplinario” contra el ex ministro de Seguridad. Además, que se aparte del procedimiento a la AGG y que se suspenda de forma preventiva a Sain en su cargo de director del OI.
Las palabras no son casuales. Que los diputados que presentaron este pedido hablaran de “gravedad institucional” y de “dictamen ilegal e inválido” puede incluso poner al fiscal general en medio de esta disputa que tiene al ex ministro de Seguridad de un lado y a la mayoría de diputados provinciales del otro. Es que un “dictamen ilegal” podría implicar una medida contra quien lo dispuso.
Fuente: La Capital
