El Senado convirtió en ley esta tarde el proyecto de ley que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el nuevo coronavirus, en la primera jornada de la sesión doble que continuará este viernes con proyectos como la resolución de las deudas de las provincias con ANSES y la prórroga de la Ley de Biocombustibles.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y 12 en contra y recibió críticas de parte de la oposición que decidió abstenerse en algunos artículos que consideraron controvertidos.
El proyecto de ley autoriza al Gobierno a adquirir las vacunas ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El texto habilita también al Poder Ejecutivo a firmar convenios donde se podrá mantener la jurisdicción de tribunales extranjeros, cláusulas exigidas en algunos casos por los laboratorios.
Al exponer sobre los alcances del proyecto, el diputado del Frente de Todos y vicepresidente de la Comisión de Salud, José Neder, indicó que "a través de este proyecto, queremos establecer condiciones para la compra de vacunas generando normativas necesarias que nos permitan obtenerlas con mayor celeridad para solucionar el problema de inmunidad en nuestro país".
Además, explicó que la iniciativa "contiene requisitos excepcionales para flexibilizar el marco legal, herramienta necesaria en razón de la emergencia que estamos atravesando".
El texto contó con algunas objeciones por parte del bloque de Juntos por el Cambio. En este sentido, el titular de la comisión del Salud del Senado, el radical Mario Fiad, consideró que la iniciativa contiene artículos “que nos generan muchas dudas e incertidumbres”. “Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y que seguramente no lo admitiríamos en otras situaciones que no fueran las de la pandemia”, destacó.
En el mismo sentido, su compañera de bloque, la senadora María Belén Tapia, autora junto a Elías de Pérez de un dictamen de minoría, se preguntó: “¿Por qué solicitan tantas excepciones, licencias y blindajes respecto de estas vacunas? ¿Tendrá que ver con el aspecto más relevante de todos que es el de la seguridad, el de la inocuidad para las personas que las reciban?”.
A su turno, la senadora oficialista Ana María Ianni criticó los dichos de la oposición y dijo: “No puedo dejar de salir de mi asombro ante senadores y senadores que con tanta argumentación lo único que tratan es de hacer confundir a la gente”. “Estas medidas no son excepcionalidades que no vamos a poder monitorear, si no que es brindar herramientas para una contratación que tiene que ver con el mercado internacional”, explicó.
“Yo considero una obligación el acompañamiento de este proyecto porque pienso en quienes están dando su vida a diario para luchar contra esta pandemia”, continuó Ianni.
A su turno, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, indicó: “Esto no es una ley de vacunas, es una excepción al procedimiento de compras del Estado nacional”. “Por supuesto que entendemos que tiene que haber una normativa especial en un momento en que todos los países van a salir corriendo detrás de la compra de las vacunas, pero eso no quiere decir obviar los procedimientos de transparencia”, sentenció.
“Este proyecto establece cláusulas confidenciales. No vamos a votar aquello que no pueda ser conocido por la sociedad argentina cuando compramos las vacunas”, cerró.
Por su parte, el titular del bloque Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, consideró que "esta ley significa un acuerdo con los productores de la vacuna para poder llegar, lo más rápidamente posible, a ponérsela a todas aquellas y aquellos argentinos que la necesiten". "No es lo ideal y lo que pregonamos, pero estamos en una emergencia", expresó.
Al momento de los cierres, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseguró que a pesar de algunas diferencias con el proyecto “en materia de salud pública el rol de Estado es el bienestar general, no hay una mirada selectiva sino colectiva. En emergencia las decisiones se toman y en esto no puede haber dudas, se tiene que avanzar, este es un paso necesario e imprescindible”, sostuvo.
En tanto, la senadora oficialista Ana Almirón, indicó que con este proyecto “de ninguna manera vamos a comprar una vacuna que no esté aprobada por la ANMAT y el Ministerio de Salud. Lo que estamos otorgando es una autorización para que el Gobierno pueda negociar con los diferentes laboratorios”.
“En el caso de haber algún inconveniente de la vacuna, los argentinos podrán hacer valer sus derechos como corresponde. Este tipo de contratos lo han firmado países como México, Estados Unidos y Colombia. Son requisitos que pide la industria farmaceútica”, continuó.
Por último, destacó que "no se trata de un cheque en blanco”. “La ley prevé que estos convenios van a pasar por la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría de la Nación y las comisiones de Salud de ambas Cámaras del Congreso”, insistió.
La primera votación de la jornada fue el pedido de Juntos por el Cambio para retirar dos proyectos de ley presentados por los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la ley de Ministerio Público. Las iniciativas proponen una serie de cambios entre los que figuran acortar la gestión del procurador fiscal y del defensor nacional a cinco o seis años, pero mantener la mayoría de dos tercios de los senadores presentes para su designación oficial.
Sin embargo, desde Juntos por el Cambio decidieron retirar los proyectos por considerar que desde el kirchnerismo pretendían modificar las mayorías para elegir al jefe de fiscales. Por 41 votos a favor del oficialismo y 27 en contra de la oposición quedó rechazado el retiro de los proyectos.
En tanto, tras un cuarto intermedio, este viernes se debatirá la prórroga por cuatro años del régimen que promueve la producción, promoción y uso de los biocombustibles.
Ese mismo día, entre otros expedientes, los senadores debatirán el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
El oficialismo pretende que la iniciativa se apruebe sin cambios, para que sea ley ese mismo día, ya que se trata de un reclamo hecho por los gobernadores.
Fuente: Ámbito
