El Senado nacional afrontará este jueves una sesión clave que volverá a tensar la relación con el Ejecutivo. La oposición mayoritaria en la Cámara alta tiene previsto rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei a dos leyes que fueron aprobadas con amplio consenso en agosto: la que declara la emergencia pediátrica y la que actualiza el financiamiento de las universidades públicas.
La sesión, que comenzará a las 10 bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel, promete ser otro golpe político para el oficialismo, que apenas cuenta con siete bancas propias. En la previa, los números favorecen a la oposición: en su sanción original, la ley de emergencia pediátrica reunió 62 votos positivos y la de universidades 58, cifras suficientes para alcanzar los dos tercios necesarios y dejar sin efecto los vetos.
La norma vinculada a salud declara la “asignación prioritaria e inmediata de recursos” para hospitales pediátricos, incluyendo infraestructura, insumos, medicamentos y recomposición salarial del personal. El Garrahan aparece como símbolo de esta iniciativa. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal rondaría los $65.573 millones entre julio y diciembre.
En tanto, la ley universitaria establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas en función de la inflación, además de recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar paritarias periódicas. La medida busca blindar a las casas de altos estudios frente al ajuste presupuestario.
El temario de la sesión también incluye la prórroga de la vocal de la Cámara Federal de Posadas, Mirta Delia Tyden; un proyecto para que el sistema de Alerta Sofía quede regulado por ley; y la discusión sobre retiros voluntarios para la planta transitoria del Senado. Además, podrían debatirse dos tratados impositivos internacionales, aunque sectores del kirchnerismo adelantaron su rechazo.
De confirmarse el rechazo a los vetos, el Gobierno libertario sumará un nuevo revés legislativo, en línea con lo ocurrido semanas atrás con la ley de emergencia en discapacidad, que debió reglamentar tras la insistencia del Congreso.
