Ante lo que calificó como una “inacción institucional” que pone en riesgo la vida de miles de personas, el senador provincial Felipe Michlig presentó este martes dos recursos de Acción de Amparo ante la Justicia Federal de Rafaela. Las presentaciones judiciales apuntan directamente contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por el incumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y seguridad en la Ruta Nacional N° 34.
El foco del conflicto: Arrufó, Palacios y Curupaity
La ofensiva judicial de Michlig, patrocinada por los abogados Hugo Parma y Arturo Ferrero, se divide en dos frentes urgentes: la intersección con la Ruta Provincial 39 (Arrufó): El senador solicita un “permiso de uso” inmediato. La provincia de Santa Fe ya adjudicó la obra de una rotonda e iluminación con fondos propios, pero la DNV aún no autoriza el inicio de los trabajos. “El obrador ya está instalado, pero la burocracia nacional frena una obra vital”, denunció el legislador. El tramo Palacios – Curupaity: El segundo amparo exige una medida cautelar para reparaciones urgentes en la carpeta asfáltica y las banquinas, cuyo deterioro ha sido señalado como causa de múltiples siniestros viales.
“Tenemos que evitar que se siga matando gente”
En declaraciones a la prensa, Michlig fue tajante respecto a los motivos que lo llevaron a judicializar el reclamo: “Acudimos a la vía judicial ante la mora y desidia de la Dirección Nacional de Vialidad. La falta de respuestas genera que se sigan produciendo accidentes que han costado vidas humanas y enormes daños”.
El legislador recordó que la inversión para la rotonda de Arrufó es una decisión política histórica del Gobierno Provincial, que decidió hacerse cargo de una obra de jurisdicción nacional ante la falta de presupuesto de la Nación. Sin embargo, lamentó que “por desinterés, burocracia o intereses políticos” no se otorgue el permiso necesario para que las máquinas comiencen a trabajar.
Medidas de soporte
Los recursos presentados no solo buscan la solución definitiva, sino también medidas cautelares que obliguen a una intervención mínima de bacheo y señalización mientras se resuelven las cuestiones de fondo. Para Michlig, la situación ya no admite más trámites administrativos, dado que la integridad física de los ciudadanos que transitan por este corredor clave del departamento San Cristóbal está en peligro inminente.
