El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de forma interina las funciones presidenciales, luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una ofensiva militar que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.
La decisión fue anunciada por la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D’Amelio, a través de un comunicado transmitido por cadena obligatoria de radio y televisión. Allí se ordena que Rodríguez “asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República”, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación.
El fallo descarta, por el momento, la existencia de una falta absoluta del mandatario, escenario que —según la legislación venezolana— obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. En cambio, el tribunal interpretó la ausencia de Maduro como temporal, lo que habilita a la vicepresidenta a ejercer el cargo por hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por otros tres meses si así lo determina la Asamblea Nacional.
Según el TSJ, la medida se adopta “vista la agresión militar extranjera” que derivó en la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos, donde permanece detenido en una prisión federal de Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y conspiración internacional.
En paralelo, Rodríguez informó la activación del Consejo de Defensa de la Nación, organismo que preside, y la remisión al Tribunal Supremo del decreto de estado de conmoción exterior, firmado —según sostuvo— por el propio Maduro antes de su detención. La vicepresidenta indicó que se aguarda una definición de la Sala Constitucional sobre la validez del decreto para avanzar con su implementación.
Durante una reunión del Consejo de Defensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que el “único presidente” del país sigue siendo Nicolás Maduro y calificó su captura como un acto de agresión extranjera. En ese marco, señaló que el decreto permitirá la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control militar de servicios públicos, la industria de hidrocarburos y empresas estratégicas, además de la activación de planes de seguridad ciudadana en todo el territorio.
Mientras tanto, la crisis política y militar mantiene en vilo a Venezuela, en un contexto de fuerte tensión internacional y con una nueva Asamblea Nacional que comenzará a sesionar en los próximos días.
