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Elecciones 2025: Debuta la Boleta Única de Papel y la campaña costará más de $13 mil millones

El próximo 26 de octubre, Argentina votará para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. La principal novedad es la implementación de un nuevo sistema que busca mayor transparencia en el proceso electoral.

15 de octubre de 2025


El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán las Elecciones Legislativas Nacionales en todo el país, una jornada clave para definir la nueva composición del Congreso. En estos comicios, se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños en la Cámara de Senadores, correspondientes a ocho provincias.

Boleta Única de Papel: la gran novedad

La principal innovación de esta elección será el debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP). Este sistema, implementado por la Ley 27.781, consiste en una sola hoja donde figuran todos los partidos y candidatos para cada categoría, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y evitar irregularidades como el robo de boletas en los centros de votación.

Cada elector recibirá la boleta de manos del presidente de mesa y deberá marcar con una lapicera sus opciones en el cuarto oscuro. Este formato, que ya se utiliza en provincias como Santa Fe, agrupa toda la oferta electoral en un único documento oficial, facilitando el proceso de elección.

El costo del financiamiento electoral

Organizar los comicios implica un importante despliegue de recursos por parte del Estado. A través de una disposición de la Vicejefatura del Gabinete del Interior, el gobierno nacional fijó en más de 13.000 millones de pesos la cifra destinada a los aportes de campaña para los partidos políticos que competirán en octubre.

De acuerdo a la resolución oficial, se asignó un monto superior a los 8.000 millones de pesos para la categoría de Diputados Nacionales, mientras que para la elección de Senadores Nacionales la suma se aproxima a los 4.500 millones de pesos. Estos fondos son distribuidos entre las distintas agrupaciones políticas para financiar sus actividades proselitistas, en cumplimiento con la Ley N° 26.215, que establece la responsabilidad del Estado en contribuir al funcionamiento de las fuerzas electorales.