El fiscal federal N° 2 de Santa Fe, pidió la elevación a juicio para las cinco personas que fueron descubiertas e investigadas a partir del hallazgo de una cueva financiera en un departamento de un edificio de propiedad horizontal ubicado en el Puerto de Santa Fe; cuestión que sucede como corolario definitivo a la investigación que llevó adelante junto a sus fiscales coadyuvantes, Traverso y Orzuza Kock, y ese es el motivo de la requisitoria de la elevación a juicio por ante el juzgado federal N° 2 de Santa Fe. Los cinco principales investigados fueron Ángel Yamil Benavidez, María Luján Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci.
El principio
El 12 de septiembre de 2023, una partida de pesquisas de la entonces Agencia de Investigación Criminal AIC, actualmente Policía de Investigaciones PDI, realizó un allanamiento en un departamento de un edificio de propiedad horizontal ubicado en la torre Amarras Center II en el Puerto de Santa Fe. La finalidad y objeto de la medida policial era la de recuperar electrodomésticos del antiguo morador del inmueble, que estaban indebidamente retenidos. Pero, la sorpresa y media se llevaron los policías cuando después de llamar a la puerta y ser atendidos por un muchacho, al que enteraron de la medida, éste les permitió el ingreso al interior, y allí se encontraron con una mesa repleta de billetes en fajos de todos los colores. La pregunta fue obvia: y esta plata ?.
Las mentiras tienen las patas cortas
Las respuestas fueron nerviosas, contradictorias, y además, lo lograban justificar debidamente semejante cantidad de dinero en efectivo. Los pesquisas de la AIC informaron a la Jefatura de la Región I, los que anoticiaron inmediatamente del hallazgo a la justicia federal. El fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez, dimensionó la magnitud del hallazgo y salió junto con otros funcionarios judiciales y ordenó a oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, encontrarse en la entrada del edificio. Luego, ingresaron todos juntos y fueron al departamento, con presencia de testigos. Allí, contaron el dinero existente: 46 millones de pesos, 85 mil dólares, 21 mil euros y 23 mil reales, además del secuestro de documentación comercial. Esos documentos contenían una carpeta con depósitos a una entidad crediticia local que figuraba a nombre de terceros con 39 tarjetas de débito. Todos esos elementos fueron secuestrados, y el muchacho locatario del departamento quedó preventivamente aprehendido. En el garage, secuestraron la camioneta del locatario aprehendido, y secuestraron otros 16 millones con 800 mil pesos.
La investigación
Desde el mismo 12 de septiembre, se comenzó judicialmente a analizar en la fiscalía federal N° 2 Dr. Rodríguez, el contenido de toda la documentación secuestrada. Las 39 tarjetas de débito otorgadas por el Banco Santander coincidía con las copias de documentos nacional de identidad DNI de otras tantas personas y chips telefónicos adheridos. Una vez que las personas fueron identificadas, salió a la luz que se trata de personas de sectores socialmente vulnerables. Con esos documentos, los investigados accedieron a la compra de dólares, sorteando las restricciones existentes en ese momento, y mediante el uso de cuentas bancarias que se abrieron con esas identidades.
Elementos probatorios
Los teléfonos de los imputados que fueron secuestrando con el paso de los días, se convirtió en una cantera inagotable de información precisa sobre la materia investigada "intermediación financiera no autorizada". Las consultas de particulares sobre precio de compra y de venta de divisas, con la consiguiente respuesta, y que además lo hacía desde la "Consultora La Resistencia". Surge también en este caso el asesoramiento preciso en materia financiera de una contadora, que aportó datos técnicos y cruciales para montar el negocio ilícito. Además, las transferencias bancarias auditadas son coincidentes con las operaciones que quedaron reveladas en los papeles secuestrados. Y, surgieron las identidades de otras tres personas, que formaban parte de la organización, para la que ejecutaban labores específicas, en consonancia con el negocio principal; Quartucci, Manonellas y Gastaldo.
No les cerraba el blanco
Las operaciones que fueron realizadas y las ganancias ilícitas obtenidas, a su vez fueron reinvertidas en la adquisición de propiedades y de vehículos, en ambos casos, son bienes registrables, fácilmente auditables. Además de viajes al exterior en un corto lapso de tiempo, altos consumos con tarjetas de crédito, que corrobora un muy alto nivel de vida, y cuya registración fue comprobada.
Todos los integrantes de la banda
Ángel Yamil Benavidez, es desde el principio, el principal imputado como autor de los delitos de intermediación financiera no autorizada, defraudación a través del uso de tarjetas de débito falsas, en concurso ideal en 39 hechos -es la cantidad de tarjetas de personas vulneradas halladas en su poder- y que son concurrentes entre sí, lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad, recepción de bienes provenientes de un ilícito penal y todos ellos en concurso real.
María Laura Miassi, imputada como autora por intermediación financiera no autorizada , lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y porque se cometió en el ejercicio profesional de su actividad, la recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, como partícipe necesaria y en concurso real.
Carlos Raúl Quartucci, como autor de lavado de activos de origen ilícito. Juan Emilio Gastaldo y para Raúl Adrián Manonellas es como autores del delito de intermediación financiera no autorizada.
La atribución delictiva como miembros de una misma organización en la que desempeñaron distintas actividades, es común a todos y ya que actuaron siempre a sabiendas, que se trataba de una intermediación financiera que no contaba con la obligatoria autorización del Banco Central de la República Argentina.
