En medio de las tensiones internas que se desataron en el gobierno nacional por el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi, Río Negro, y la posterior detención violenta de siete mujeres, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, presentó la renuncia a su cargo.
Presidencia informó esta mañana que Alberto Fernández aceptó la dimisión de Gómez Alcorta del cargo. "El presidente Alberto Fernández aceptó hoy la renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta al cargo que ejercía como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Presidente agradece a Elizabeth Gómez Alcorta por la labor desempeñada", reza el breve comunicado oficial.
El enojo de la ex titular del Ministerio de Mujeres tiene relación con la detención de las siete mujeres y la orden de la jueza federal Silvina Domínguez de trasladar a más de 1.500 kilómetros a cuatro de ellas --que aún desconocen los cargos por los que se las acusa y no pueden hablar con sus abogados-- la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad calificó la situación como “sumamente preocupante”. Más allá de las cuatro mujeres que fueron trasladadas el miércoles a la noche al penal de Ezeiza, otras dos, que tienen bebés de meses y son lactantes, siguen privadas de su libertad en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PS), en el aeropuerto de Bariloche. La séptima, en tanto, con un embarazo avanzado, fue internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.
Gómez Alcorta había dicho antes de ayer que, el martes, “el Ministerio y otros organismos buscamos la información, que era confusa”, y “presentamos un escrito haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada”. El miércoles se conoció el rechazo al pedido de excarcelaciones “por una cuestión formal, de que no tienen designados abogados o abogadas particulares”, pero esa “falta de asignación está vinculada a la incomunicación” de las detenidas, lo cual conforma “un círculo perverso”. “No se puede negar en el marco de un Estado de Derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa qué hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho”, criticó.
En esa línea, la ministra cuestionó el traslado a Ezeiza con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. “Hay cuatro mujeres a 1.500 kilómetros de donde viven sin haber tenido contacto con un abogado o abogada” y, más grave aún, sin saber “qué es lo que se les imputa”. “Ayer a la noche (por el miércoles) la mujer que estaba embarazada supuso que empezaba con trabajo de parto. Nosotros tenemos la ley del parto respetado, humanizado, que permite que todas las mujeres y personas gestantes estén con una persona de confianza al parir, teniendo en consideración las pautas culturales, y esto no se permitió”. Remarcó además que el Ministerio está interviniendo pero que se trata de “actuaciones pura y exclusivamente ordenadas por la jueza” y que el Ministerio “no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial”.
Fuente: Página 12/ Veo Noticias
