En el marco de los pronósticos y alertas por las consecuencias que el fenómeno de El Niño podría desencadenar en el litoral, el Concejo Municipal aprobó de forma unánime la declaración de la emergencia hídrica en la ciudad de Santa Fe. La norma otorga al intendente facultades político-administrativas excepcionales, como la modificación de partidas presupuestarias y la agilización en la compra de bienes y contratación de servicios para ejecutar tareas de prevención y mitigación.
Pese al consenso alcanzado para brindar herramientas normativas al Municipio, desde la oposición marcaron condicionamientos clave respecto a los mecanismos de fiscalización del gasto público y manifestaron su preocupación por el ritmo de las obras en marcha.
Herramientas excepcionales y el reclamo de control
El concejal opositor Jorge Fernández remarcó la responsabilidad institucional del bloque al respaldar la norma, enfatizando que la medida busca evitar demoras burocráticas en momentos críticos, pero advirtió que no debe transformarse en un cheque en blanco.
“Nosotros lo aprobamos porque tenemos la responsabilidad de darle al intendente herramientas jurídico-administrativas para que la emergencia no sea simplemente una declaración simbólica. Si no tiene las herramientas, no sirve para nada. Esas herramientas son las que permiten saltearse procedimientos jurídico-administrativos para la compra de bienes, contratación de servicios y modificación de partidas presupuestarias. Eso implica que fortalezcamos los mecanismos de control, que es lo que nosotros desde la oposición solicitamos”, sostuvo Fernández.
Entre los cuestionamientos principales de la oposición sobresale la falta de una cláusula que obligue al Ejecutivo a brindar informes periódicos directos al cuerpo deliberativo: “No hay ninguna referencia en la norma a que el municipio le informe al menos mensualmente al Concejo qué está haciendo con el dinero y con las facultades que le estamos otorgando, porque el Concejo es el principal órgano de control del Ejecutivo municipal y la representación de todos los vecinos”, argumentó el edil.
Asimismo, detalló los plazos actuales fijados por la normativa: “En la norma hay un artículo que establece que, una vez finalizada la emergencia —que es hasta el 30 de abril y aparte puede ser prorrogable—, en 45 días tiene que haber un informe de lo que se hizo. Esto puede llegar a ocurrir en agosto del año que viene. Por eso nosotros pedíamos un informe mensual o quincenal al Concejo. De todas formas, se le va a informar mensualmente al Tribunal de Cuentas y también al Comité de Riesgos, donde estamos representados todos los bloques”.
Advertencia por la subejecución en obras hídricas
Uno de los puntos más críticos expuestos por el concejal giró en torno al grado de avance en el uso de los fondos asignados para la prevención hídrica y el mantenimiento de la infraestructura de la capital provincial.
“La crítica que hacemos es a lo que pasa con la ejecución presupuestaria de los programas que tienen que ver con las obras hídricas. La Secretaría de Planeamiento Urbano y Gestión Hídrica tiene cuatro programas. Los dos programas más importantes tienen una subejecución de 16 y 19 puntos por debajo de lo que debería estar ejecutado a esta altura. Y hay un programa que tiene que ver estrictamente con la compra de bienes y obras de uso para la prevención hídrica que tiene ejecutado el 3,12%”, precisó Fernández.
