Luego que Alberto Fernández anunciara ayer la decisión de intervenir la empresa Vicentín, comenzaron a cruzarse las opiniones a favor y en contra. El Presidente hizo hincapié en que a partir de la participación del Estado en el grupo cerealero es el camino hacia la soberanía alimentaria.
Vicentín llegó a ubicarse en algún momento en el primer lugar del ranking de exportadores, en octubre de 2019 dejó de pagar los vencimientos de créditos al Banco Nación, no obstante lo cual recibió otros 95,5 millones de dólares en créditos de prefinanciación de exportaciones de la entidad oficial en noviembre.
González Fraga, ex titular del Banco Nación, está imputado por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita, junto con los responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. En su presentación, Pollicita sostuvo que "se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A.". La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal pidió medidas de prueba.
Ignacio Mántaras, secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe se refirió al tema y dijo a Veo Noticias que recibieron la noticia "con muchísima sorpresa y con muchísima preocupación más que nada por la metodología". Además explicó que debido a la crisis financiera que atraviesa, la empresa está en concurso de acreedores y la justicia está actuando.
Por lo que el dirigente cuestionó la decisión del presidente y lo considero un exabrupto y un atropello al sistema republicano. "Todos saben que la propiedad privada es sagrada y sólo cede por motivos de expropiación que requiere un proceso que es una ley, hay un proceso que hoy no se está garantizando. Acá se nombra un interventor previo a todo un proceso legislativo que todavía no se inició".
"Nos preocupa una línea argumental que se está utilizando que es garantizar la soberanía alimentaria en plena pandemia. La verdad que la soberanía alimentaria no es un término que nos agrade mucho porque implica intervención del Estado en la producción, en el comercio y el provisión de alimentos y me parece que eso atenta contra nuestros principios constitucionales. Nos agrada más el concepto de seguridad alimentaria y en plena pandemia, la seguridad alimentaria estuvo garantizada", agregó.
