La presentación, realizada por el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, recayó en el Juzgado Federal Nº 12, subrogado por Julián Ercolini, y en la Fiscalía Federal Nº 4 a cargo de Carlos Stornelli. El Ejecutivo sostiene que no se trata de “una filtración casual”, sino de “un ataque planificado” que apunta a “condicionar ilegítimamente el proceso electoral”.
La medida judicial
A los pocos minutos de la denuncia, la Justicia dictó una medida cautelar ordenando el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, que habrían sido grabados en la Casa Rosada. La resolución alcanza a cualquier medio de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.
Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, se trata de “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, expresó en su cuenta de X.
Los audios y la crisis política
La polémica se encadenó a partir de una serie de grabaciones en las que aparece Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la ANDIS, íntimo amigo y exabogado del presidente Javier Milei. Esas conversaciones, presuntamente registradas entre junio y octubre de 2024, revelan una trama de presunta corrupción que golpea directamente a la Casa Rosada.
Aunque se desconoce quién es el interlocutor de Spagnuolo, los audios ponen en aprietos al Gobierno, ya que gran parte de sus afirmaciones pueden ser contrastadas con documentación oficial, incluida su presencia en la Quinta de Olivos en más de 30 oportunidades.
En paralelo, el canal Carnaval difundió dos grabaciones atribuidas a Karina Milei. En una de ellas se la escucha decir: “No podemos entrar en la pelea… nosotros tenemos que estar unidos”. En la segunda, una voz similar habla sobre sus horarios de permanencia en Casa de Gobierno. Si bien estos registros no mencionan la causa de la ANDIS, desde la productora anticiparon que se trata de “la puntita” de más audios que saldrán a la luz.
Acusaciones cruzadas
Desde el Ejecutivo, además, se apuntó contra el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi como presuntos responsables de impulsar la maniobra. Según la denuncia, el objetivo habría sido “influir ilegítimamente en la opinión pública, desinformar y generar inestabilidad política y económica”.
En el escrito presentado a la Justicia, se sostiene que Karina Milei tiene “fundadas sospechas de que, de tratarse de un audio real, el mismo fue obtenido ilegalmente dentro de la Casa de Gobierno de la Nación, generando un hecho sin precedentes en la historia nacional”.
El trasfondo electoral
El oficialismo enmarca la denuncia en una estrategia para proteger el proceso electoral. “El mensaje es contundente: no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”, remarcaron desde Casa Rosada.
