El Gobierno de España ha anunciado este martes un paquete de medidas para poner freno a escalada alcista de precios de la electricidad que sufre el país desde hace meses. Según ha sostenido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, "la finalidad es que el recibo de la luz al final de año sea similar al de 2018".
En total, se calcula que producirá una rebaja del 22 % de la factura de un consumidor medio, que aumentará hasta el 30 % al sumarse las rebajas impositivas que comenzaron a implementarse en julio.
La primera iniciativa destacada por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido la minoración de la remuneración del CO2 en las empresas que generan electricidad y cuya actividad no genera CO2 pero que hasta ahora se veían beneficiadas por su coste.
Según ha explicado hasta ahora la ministra esta medida junto con otra supondrá un recorte de alrededor de 2.500 millones de euros a las empresas energéticas.
Durante los últimos meses los ciudadanos españoles están asistiendo a una escalada de los precios de la electricidad que no tenía precedentes hasta la fecha. Mañana se pagarán casi 173 euros el megavatio hora, pulverizando el anterior récord histórico registrado este lunes, de 154,16 euros, que ya cuadruplicaba lo que se pagaba el mismo lunes de hace tan solo un año.
Agosto cerraba como el mes más caro en cuanto a energía eléctrica desde que se tienen registros, encadenando varios máximos históricos consecutivos. Sin embargo, en las dos semanas que van de septiembre los récords se han vuelto a batir en varias ocasiones y los recibos no paran de subir a pesar de que desde julio se ha implementado la rebaja del IVA del 21 al 10 % y se ha eliminado un impuesto sobre la electricidad que grababa otro 7 %.
La factura de la luz se encuentra así desde hace semanas en el foco del debate público y político. Las distintas formaciones del arco parlamentario han realizado diversas propuestas para afrontar este problema.
El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos (UP), es partidario de la creación de una empresa pública de energía, siguiendo el modelo de Francia y otros países del entorno, y de establecer máximos en la remuneración de algunas tecnologías. Por su parte, desde la oposición el Partido Popular, sostenía la necesidad de la consolidación de las rebajas impositivas y planteaba la posibilidad de asumir algunos de los costes ahora integrados en la factura de la luz con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Fuente: EFE
