Pese a la calma que suele dominar los tribunales durante enero, el 2022 arrancó caliente en la Justicia santafesina: Maximiliano Pullaro y su asesor y ex funcionario Pablo Cococcioni se presentaron ante la fiscal a cargo de la causa sobre presunto espionaje ilegal en la provincia y solicitaron información sobre el expediente que desde hace más de un mes sacude la escena pública provincial.
En un escrito de tres páginas, Cococcioni indica que una nota publicada este lunes en el portal Rosario3 menciona su nombre entre las personas que podrían haber sido víctimas de espionaje ilegal por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia.
“Aparezco mencionado como una de las personas sobre las cuales la gestión institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe habría ordenado tareas de investigación, inteligencia o perfilamiento, por fuera de los carriles formales impuestos por la normativa procesal”, señala el ex secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
Y agrega: “Se trataría de una actividad ilegal, y posiblemente delictual, de recopilación de información pública y no pública sobre distintas personas, presumiblemente con finalidades espurias como el chantaje, el despliegue de presión sobre posibles rivales políticos y hasta la obtención de lucro ilícito”.
En su presentación, Cococcioni solicita a la fiscal jefa de la unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariela Jiménez, que se informe si efectivamente existe información recabada irregularmente por el Ministerio de Seguridad y, en ese caso, se le otorgue acceso a toda la información y que se informe la identidad de las personas señaladas como autores y partícipes y su situación procesal.
“Si se comprueba esto es de una gravedad institucional enorme: si existía una central de inteligencia ilegal nos retrotrae a los peores años de la Argentina, no estábamos acostumbrados a vivir cosas de este estilo”, dijo Pullaro a La Capital.
“Esto tiene que ir a fondo, no sólo aparecen dirigentes de la oposición sino también del oficialismo, esto tiene que tener una clara respuesta institucional”, señaló el ex ministro de Seguridad.
Según la respuesta de la fiscal Jiménez, adelantó Cococcioni, evaluarán presentarse como querellantes en la causa. De todos modos, no esperan que sea rápido: además de la feria, pesa el tamaño de la causa. “Es posible que haya mucha información para analizar antes de responder”, dijo el letrado.
Podrían ser las primeras de una catarata de presentaciones judiciales. En los pasillos de las principales sedes del poder de la provincia se habla de 600 perfiles de personas e instituciones, armados con bases de datos cerradas, que contienen información sensible.
Desde el MPA aseguran que tienen evidencia sólida para avanzar, pero los abogados de los ex funcionarios sostienen que los fiscales no mostraron ninguna evidencia. Incluso denuncian que “salieron de pesca”, y violaron las garantías procesales de sus representados.
Fuente: La Capital
