El gobierno decidió extender el congelamiento tarifario de luz y gas hasta fin de año. Según confirmó el Boletín Oficial, la norma que se inició con la ley de emergencia económica a fines del 2019 estará vigente por otros 180 días.
"La emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural", indicaron.
A su vez, el oficialismo dispuso que las empresas de luz, agua, gas, telefonía móvil, sólo podrán dar de baja a los usuarios que no paguen el servicio durante seis facturas consecutivas.
Los incluidos en este beneficio son aquellos que reciben asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, monotributistas sociales y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.
El problema es que la morosidad en las distribuidoras eléctricas provocó que sólo en mayo, las transferencias a Cammesa superaran al acumulado de los cuatro meses previos, situación que lógicamente se mantendrá en los próximos meses a partir de este decreto.
En el último mes, el gasto público para solventar a esta empresa llegó a $71.053 millones, es decir, un 30% más que en todo el primer cuatrimestre.
Por otro lado, esta dinámica se intensifica por la creciente brecha entre costos y precios de la energía que lógicamente debe cubrir el Estado. Los primeros tuvieron un incremento del 20,4% interanual y los precios apenas se actualizaron un 4,5% por el congelamiento tarifario.
Fuente: LPO
