En la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA) volvió a poner en evidencia una deuda pendiente del sistema electoral argentino: la falta de accesibilidad real para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma.
“En la práctica lo que se ofrece es únicamente el voto asistido, una modalidad que obliga a la persona con discapacidad visual a depender de terceros para emitir su voto. Esta falta de alternativas vulnera derechos básicos de autonomía, privacidad y participación política plena”, expresó Soledad Gelvez, presidenta de la Federación.
Aunque desde la Cámara Nacional Electoral se insiste en que el sistema actual contempla un “sufragio accesible”, desde FAICA sostienen que esa interpretación “es insuficiente y equivocada”. Según remarcan, el modelo vigente no garantiza un voto independiente ni secreto, sino que expone a las personas ciegas o con baja visión a situaciones de dependencia o vulnerabilidad.
“Esta situación se repite en cada proceso electoral, y en esta oportunidad se profundiza por la imposibilidad de accesibilizar la boleta única que se va a implementar”, agregó Lucía Velázquez, vicepresidenta de FAICA, en referencia a la Boleta Única de Papel, que será utilizada por primera vez en elecciones nacionales.
Desde la Federación recordaron que el Estado argentino asumió compromisos internacionales en materia de inclusión al otorgar jerarquía constitucional, en 2014, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese tratado se establece que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad “puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública, en igualdad de condiciones con las demás”.
“Sin embargo, en la práctica, votar de manera autónoma continúa siendo un derecho al que miles de personas ciegas y con baja visión aún no podemos acceder”, concluyó Gelvez, quien instó a las autoridades electorales a adoptar medidas urgentes que aseguren la participación plena y el respeto a la privacidad del voto.
La denuncia de FAICA vuelve a poner sobre la mesa un reclamo histórico: que el ejercicio democrático sea verdaderamente inclusivo y que el principio de igualdad ante la ley también se cumpla dentro del cuarto oscuro.
