Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de República Cromañón presentaron este miércoles un proyecto de ley para pedirle al gobierno porteño que expropie el terreno de Bartolomé Mitre 3060, donde se encuentra el boliche en el que murieron 194 en diciembre de 2004.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña los familiares y sobrevivientes tras denunciar que el juez Marcelo Alberó, a cargo del Tribunal Oral Penal 24, decidió dar el control del predio a la empresa Zarelux S.A. que, según ellos, responde a José Levy, dueño original del lugar que fue condenado a cuatro años y medio por la tragedia.
El proyecto contempla la expropiación del predio ubicado a metros de plaza Miserere y una "partida para su restauración y mantenimiento" para "resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria colectiva de la ciudad".
Sus impulsores pidieron que la iniciativa sea tratada de manera "urgente" porque pudieron confirmar que comenzaron a hacer obras adentro del local.
"Nos hemos encontrado con esta sorpresa tremenda, que se estaban levantando paredes en el predio, y nuestra preocupación es tremenda, comentó José Guzmán, padre de Lucas Guzmán, fallecido en la noche del 30 de diciembre.
"El 30 de diciembre de 2004 quedará instalado en la memoria colectiva como el momento inédito para nuestra historia en el que en el mismo acto, y en una trampa similar a una cámara de gas, a 200 familias se les arrebató la vida de sus hijos e hijas, niños, adolescentes y algunos adultos", expresó en la conferencia de prensa Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, otra de las víctimas.
El proyecto ya recibió el apoyo de algunos integrantes de la Legislatura porteña. Por ejemplo, el diputado Marcelo Guouman (Evolución) apoyó que "en ese espacio donde la corrupción y la ineficacia del Estado se notó con mayor crueldad, haya un lugar para la memoria y se pueda reflexionar sobre lo que pasó".
La diputada Laura Marrone (Izquierda Socialista) explicó que en el predio "se debe constituir un espacio de memoria permanente porque los 194 jóvenes que se murieron más los 19 que se suicidaron después, por este símbolo de la corrupción de nuestra ciudad, no se puede reciclar en cualquier cosa".
Los familiares también pidieron una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ponerlo en conocimiento de la situación.
La expropiación de bienes está contemplada por la ley 238, que impone que cuando existiera un "fin público" el Estado puede hacerse de él, previa autorización legislativa y pago de una compensación que los dueños no pueden rechazar.
Fuente: Minuto Uno
