La Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario difundió una carta abierta dirigida a autoridades, legisladores, medios de comunicación y a la sociedad en general, en la que renovó el pedido de justicia por las 124 personas fallecidas a raíz del uso de fentanilo adulterado, de las cuales 30 eran de Rosario.
En el documento, los familiares sostienen que, además del avance de la investigación judicial para determinar responsabilidades, es necesario que exista una respuesta institucional que permita corregir las fallas del sistema sanitario y prevenir nuevos casos.
“Una tragedia que pudo haberse evitado”
En el texto, las familias recuerdan que ya pasó más de un año desde el episodio que provocó la muerte de pacientes internados en distintos centros de salud tras la administración de un medicamento contaminado.
Según expresaron, el dolor por la pérdida se vio agravado por la incertidumbre y la sensación de desamparo frente a un sistema que debía garantizar la seguridad de los pacientes.
Asimismo, remarcaron que el caso dejó en evidencia deficiencias en los mecanismos de control sanitario y en la fiscalización de los medicamentos, por lo que consideran indispensable avanzar con reformas estructurales.
Reclamos al Estado y a la dirigencia política
La carta también hace referencia a la exposición realizada por familiares el 3 de noviembre de 2025 ante el Concejo Municipal de Rosario, donde compartieron sus experiencias y reclamaron cambios en el sistema de salud.
Aunque valoraron las expresiones de solidaridad recibidas, señalaron que, con el paso del tiempo, no hubo suficientes acciones concretas por parte de los distintos niveles del Estado para impulsar las transformaciones necesarias.
Además, manifestaron preocupación por la pérdida de visibilidad pública que tuvo el caso y destacaron el rol de los medios de comunicación para mantener vigente el debate sobre la seguridad sanitaria.
Ley Nicolás y trazabilidad de medicamentos
Entre los principales pedidos, la comunidad de familiares solicitó la plena implementación de la Ley Nicolás, orientada a fortalecer la seguridad del paciente, así como la sanción de una Ley de Trazabilidad de Medicamentos que permita un mayor control sobre la producción, distribución y utilización de estos productos.
También reclamaron el cumplimiento efectivo de los derechos de los pacientes en todos los establecimientos de salud y convocaron a funcionarios, legisladores, profesionales sanitarios y a la sociedad a trabajar de manera conjunta para fortalecer el sistema.
En el cierre del documento, las familias reafirmaron su compromiso de continuar impulsando cambios para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. “Honrar la memoria de quienes ya no están significa trabajar para proteger a quienes mañana ingresen a un hospital confiando en que serán cuidados”, expresaron, al insistir en que la protección de la vida debe ser una prioridad para las instituciones sanitarias y el Estado.
