La FIFA dio a conocer el fallo definitivo respecto al escándalo conocido como “Malaysia-gate”, que implicó a varios futbolistas con nacionalización deportiva cuestionada. Entre los sancionados se encuentran los argentinos Imanol Machuca y Facundo Garcés, a quienes el organismo internacional inhabilitó por 12 meses para cualquier actividad ligada al fútbol, tras comprobar que presentaron documentación adulterada para representar a la selección de Malasia.
Según el informe oficial, la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) aportó certificados que atribuían nacimiento malasio o vínculo genealógico al país asiático a los jugadores, con el propósito de cumplir los requisitos de elegibilidad. En el caso de Machuca, por ejemplo, se usó un certificado que indicaba que su abuela había nacido en Penang, cuando la investigación determinó que en realidad es oriunda de Roldán, provincia de Santa Fe. En cuanto a Garcés, se descubrió que el certificado que situaba el nacimiento de su abuelo en Penang era falso, dado que los registros oficiales lo ubican en barrio Villa María.
La sanción de la FIFA no se limita solo a los jugadores: la FAM fue multada con 350.000 francos suizos por su papel en la presentación de documentación manipulada. Además, cada jugador sancionado deberá abonar una multa individual de 2.000 francos suizos.
El origen del caso data del partido disputado el 10 de junio de 2025 entre Malasia y Vietnam, por la tercera ronda de eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027. Tras ese encuentro, la selección vietnamita presentó una denuncia ante la FIFA, cuestionando la elegibilidad de varios jugadores del combinado malayo. La entidad abrió una investigación comparing registros públicos y federativos, que condujo a la detección de las irregularidades documentales.
Machuca, futbolista actualmente en Vélez Sarsfield, y Garcés, defensor del Deportivo Alavés, quedan así impedidos de competir hasta que la sanción expire. Sus clubes también deberán ajustar sus planteles y evaluar el impacto deportivo que tendrá esta medida.
Por último, el fallo de la FIFA permite a los implicados presentar recursos ante la Comisión de Apelaciones del organismo y, en última instancia, acudir al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). Mientras tanto, el caso pone en el centro del debate los mecanismos de nacionalización deportiva y el control de la documentación en el fútbol internacional.
