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Fin al conflicto en los Tribunales de Santa Fe: la Corte Suprema y el Ministerio Público firman el acuerdo por el nuevo edificio Anexo

Tras siete meses de intensas disputas por la distribución de los espacios físicos, el máximo tribunal santafesino, la Fiscalía y la Defensa Pública acordaron el uso del nuevo inmueble del Poder Judicial.

06 de octubre de 2026


La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y las autoridades del Ministerio Público oficializaron la firma del convenio institucional que cierra meses de distanciamiento y negociaciones por el reparto de superficies en el nuevo edificio del Anexo Palacio de Justicia de Santa Fe.

El documento formaliza la propuesta aceptada por la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y la defensora general del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Estrella Moreno Robinson, ante el presidente del máximo tribunal provincial, Rafael Francisco Gutiérrez.

Cómo será la distribución de espacios en el nuevo Anexo de Tribunales

El entendimiento sellado entre los magistrados y los titulares de los órganos acusador y de la defensa establece la asignación de dependencias operativas clave en el flamante inmueble situado en la capital provincial:

  • Piso 6 y Piso 5: Quedarán destinados a las oficinas administrativas y técnicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa Técnica Pública.

  • Primer Piso y Subsuelo: Albergarán dependencias de servicio, atención al público y áreas operativas conjuntas.

  • Sector fuero Civil y Comercial: El Poder Judicial avanzó en la ocupación y traslado de juzgados y vocalías pertenecientes al fuero Civil y Comercial al nuevo complejo, proceso que se completa esta primera semana de octubre.

Origen del conflicto institucional

La contienda por la infraestructura comenzó en febrero de 2026, luego de que la Corte Suprema resolviera de manera unilateral destinar la totalidad de la superficie del edificio Anexo prioritariamente a las salas y juzgados del Poder Judicial.

Esta medida provocó el reclamo formal del MPA y del MPD, que exigieron respetar los acuerdos previos firmados en 2021 donde se preveía la inclusión de dependencias del sistema penal acusatorio dentro del máster plan edilicio.

Tras sucesivas propuestas rechazadas durante mediados de año, el acuerdo se encauzó a fines de septiembre, permitiendo destrabar la convivencia institucional entre los tres estamentos del sistema de justicia santafesino.