Un proyecto que regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado argentino y que otorga beneficios fiscales a la organización internacional, obtuvo hoy dictamen unánime en el Senado de la Nación y será debatido durante la próxima sesión de la Cámara alta.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados en 2018, pero el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se venció el año pasado, por lo que debió ser refrendado nuevamente en el marco de la pandemia por coronavirus.
La norma regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado Argentino para establecer condiciones y garantías del trabajo de esa asociación en territorio nacional por cuestiones humanitarias en asistencia a los poderes públicos en épocas de paz, conflictos armados o disturbios internos.
La Cruz Roja colaborará con la Nación, las provincias, los municipios que la convoquen en situaciones de desastre o emergencia pública poniendo a disposición sus recursos humanos y materiales.
Además, se exime a la Cruz Roja Argentina de las tasas por servicios de importación de insumos y bienes destinados a su uso y de cualquier otro gravamen sobre sus operaciones bancarias.
La iniciativa fue apoyada por todas las bancadas, aunque algunos legisladores argumentaron que no era un tema vinculado directamente con la pandemia por coronavirus y que, por lo tanto, no debía ser tratado en sesión de la Cámara según el acuerdo político al que llegaron opositores y oficialistas para la realización de sesiones remotas.
“Esta ley debió haber sido aprobada antes”, enfatizó el representante oficialista por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, quien agregó que “en la Argentina la Cruz Roja realiza mucha ayuda”.
El ex canciller describió el sentido de la ley como un modo de “fortalecer la coordinación entre el Estado y este movimiento de la sociedad civil para asistir en los desastres y formar personal en situación de ayuda humanitaria”.
La radical tucumana, Silvia Elías de Pérez, elogió que la Cruz Roja “desde hace más de cien años sigue trabajando para el hombre y tiene cada vez más reconocimiento y prestigio”.
Si bien anunciaron que apoyarán el proyecto de Ley cuando se debata en sesión, los peronistas disidentes, aliados de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Romero (Salta) y Clara Vega (La Rioja), destacaron que el asunto no estaba vinculado con la situación desatada por el contagio masivo de Covid-19 y que, por lo tanto, no debería ser tratado en el marco de la actual situación del Congreso de la Nación.
“El acuerdo al que todos arribamos es que sólo debían tratarse temas para ayudar a mitigar la pandemia. Este asunto es tangencial a esa cuestión. Quiero creer que a la reforma judicial no la van a incorporar en los próximos tiempos”, fustigó Romero, a lo que Vega le reclamó al oficialismo “que no aproveche para tratar temas que son sólo de su interés político”.
Sin embargo, fue el radical Martín Lousteau quien salió a aclarar que “es un tema pertinente al tratamiento en este período excepcional porque tiene que ver con la pandemia en el capítulo impositivo, ya que muchas donaciones que recibe la Cruz Roja las debe tributar y su capacidad financiera se ve afectada”.
Además, la oficialista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, ratificó el acuerdo para tratar temas sobre el contagio de coronavirus.
“Me llama atención que dos senadores de la bancada opositora hagan hincapié en que solo tratemos cuestiones de pandemia. Parecería que hubiera dudas de que eso fuera así. Por un pedido de la oposición, en el decreto presidencial que todos aprobamos para sesionar de manera remota, se dice que los temas son los vinculados con la pandemia y los que envíe el Poder Ejecutivo al respecto”, aclaró.
Fuente: Telam
