La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un duro pronunciamiento ante un caso de abuso sexual infantil que permanece sin resolución desde hace 15 años. En una resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal exigió que el expediente reciba trámite inmediato y que se evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias a los tribunales que intervinieron por la demora injustificada en la investigación.
El caso se originó el 18 de agosto de 2009, cuando la madre de una niña de 12 años denunció que su hermano —tío de la víctima— la había abusado en 2003, en la localidad bonaerense de Pilar. La causa se inició en el Juzgado Penal de Instancia de la Quinta Nominación de Santa Fe, a cargo del juez Darío Daniel Sánchez, quien ordenó pericias ginecológicas y psicológicas en septiembre de ese año. Sin embargo, desde entonces, la investigación prácticamente no avanzó.
Según el fallo, pasaron siete años sin actividad probatoria. En 2016, el juez pidió opinión al Ministerio Público, que recomendó declarar la incompetencia a favor de la justicia bonaerense. Esa decisión se formalizó en 2017, pero recién en 2019 se enviaron las actuaciones, de apenas 20 fojas. La causa continuó rebotando entre tribunales de Santa Fe y Buenos Aires hasta 2024, cuando volvió a la Corte Nacional con apenas 27 fojas en total.
El máximo tribunal calificó la situación como “inadmisible” y subrayó que el retardo “ha comprometido gravemente el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”. Además, remarcó que “no puede tolerarse semejante inacción en causas que involucran delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.
La Corte dispuso que el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1 de Santa Fe reúna los elementos necesarios para definir la competencia territorial y que adopte medidas urgentes para evitar una nueva revictimización de la denunciante, hoy adulta.
Finalmente, notificó al Juzgado de Garantías N°6 de Pilar y a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, para que dispongan las acciones necesarias y analicen sanciones a los funcionarios responsables del prolongado retardo procesal.
El fallo constituye un fuerte mensaje sobre la obligación del Poder Judicial de garantizar el acceso a la justicia en tiempo razonable, especialmente en casos de violencia sexual infantil.
