En el marco de una nueva ronda de consultas legislativas, Luis Larpín, Froilán Aguirre y el abogado Guillermo Munné manifestaron, en diálogo con Veo Noticias, su preocupación por las modificaciones propuestas, especialmente aquellas vinculadas con las facultades policiales, el derecho de defensa y las condiciones de detención.
Los referentes sostuvieron que las iniciativas representan un retroceso respecto de derechos reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en la nueva Constitución provincial.
“Se están borrando garantías esenciales”
Luis Larpín expresó una oposición contundente al paquete legislativo y recordó que el Foro participó activamente en los debates de la reforma constitucional santafesina de 2025.
“Hace un año estuvimos aquí participando en los debates de la reforma constituyente, en los cuales específicamente en estos temas hubo definiciones”, señaló.
Según explicó, durante aquel proceso se incorporaron aportes de distintas organizaciones vinculadas con la protección de los derechos humanos, particularmente en materia de libertad individual, detenciones y derecho de defensa.
Sin embargo, consideró que las nuevas propuestas del Ejecutivo contradicen esos principios.
“Se definieron garantías esenciales para lo que es la libertad, la detención, el derecho de defensa, que en estas leyes se están borrando totalmente”, cuestionó.
Entre los puntos más preocupantes mencionó la posibilidad de ampliar las atribuciones de los fiscales, establecer zonas con restricciones excepcionales a determinados derechos y permitir que la Policía tome declaraciones a personas investigadas sin la presencia obligatoria de un defensor.
Para Larpín, estas disposiciones entrarían en contradicción con garantías constitucionales que la propia Legislatura contribuyó a consagrar durante la reforma del año pasado.
Advierten sobre un retroceso en la calidad democrática
Por su parte, Froilán Aguirre afirmó que los proyectos generan una profunda preocupación dentro del organismo de derechos humanos y aseguró que las objeciones no se limitan a cuestiones técnicas o jurídicas.
“En el Foro vemos con mucha preocupación el avance de este tipo de políticas y proyectos, porque en realidad no hacen otra cosa que degradar nuestra democracia”, manifestó.
En ese sentido, sostuvo que existe un proceso de ampliación progresiva de las facultades estatales que, a su entender, puede terminar restringiendo derechos fundamentales.
“Paulatinamente se van corriendo los límites y se llevan a la práctica. Lo que debería ser el ejercicio de un derecho pareciera tener tratamiento de delito”, advirtió.
Aguirre también cuestionó que las reformas se impulsen poco tiempo después de la sanción de la nueva Constitución provincial.
“Acabamos de generar una nueva Constitución que consagra una serie de derechos que, contradictoriamente, se los está pisoteando con este proyecto de ley”, expresó.
El derecho de defensa y el riesgo de declaraciones bajo presión
El abogado Guillermo Munné profundizó las críticas desde una perspectiva jurídica e histórica, al advertir sobre los riesgos de otorgar mayor valor a las declaraciones obtenidas por las fuerzas policiales.
Recordó que tanto Larpín como Aguirre son sobrevivientes de la prisión política durante la última dictadura y que sus experiencias personales están atravesadas por la vulneración de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el acceso a la defensa y la prohibición de la tortura.
“Estas cuestiones jurídicas que sostenemos tienen que ver con lo que vive una persona concretamente en su cuerpo, en su salud mental, en su sufrimiento”, explicó.
En particular, cuestionó que las modificaciones puedan habilitar mecanismos de autoincriminación o debilitar la intervención de los abogados defensores durante las primeras etapas de una investigación.
“No puede funcionar como prueba la autoincriminación que logre la Policía apretando cuando se le da valor a la declaración policial”, sostuvo.
El abogado insistió en que las investigaciones penales deben desarrollarse sobre la base de pruebas obtenidas legalmente y con pleno respeto de las garantías constitucionales.
“La seguridad no se construye con demagogia punitivista”
Munné también se refirió a la problemática del crimen organizado en Santa Fe y reconoció la gravedad de su impacto en los sectores más vulnerables.
“La provincia padece el accionar de organizaciones criminales muy poderosas, muy destructivas, que están haciendo mella en nuestros jóvenes y en la salud de las personas más vulnerables de nuestros barrios”, señaló.
No obstante, cuestionó que la respuesta estatal se concentre en el endurecimiento de las medidas penales y penitenciarias.
En ese sentido, criticó los discursos oficiales que ponen el acento en la severidad de las condiciones de detención y consideró que esas políticas no reemplazan la necesidad de investigaciones criminales eficaces.
“Pedimos una política de investigación de los delitos y de los reales autores de los delitos realmente seria, que eso significa siempre con respeto al derecho de defensa y basada en pruebas”, expresó.
Además, reclamó fortalecer los cuerpos profesionales de investigación para combatir a las organizaciones delictivas sin debilitar las garantías de la ciudadanía.
Un debate que continuará en Diputados
Las declaraciones se produjeron mientras la Legislatura provincial avanza con el análisis de un paquete de reformas que busca incorporar nuevas herramientas para la prevención y persecución del delito.
Las iniciativas incluyen modificaciones en las facultades de actuación policial, los procedimientos de investigación y otros aspectos del sistema penal, que han generado observaciones de diferentes instituciones.
El Foro Contra la Impunidad y por la Justicia se sumó así a las voces críticas que reclaman revisar el contenido de los proyectos antes de su aprobación.
Mientras el oficialismo pretende avanzar con el tratamiento legislativo en las próximas semanas, la discusión se concentra en uno de los principales puntos de tensión de las reformas: cómo fortalecer la capacidad del Estado para combatir el delito sin comprometer las garantías constitucionales y los derechos individuales.
