Con una enérgica advertencia, la Iglesia Católica y organizaciones sociales cuestionaron el ajuste en las obras en los asentamientos y villas de emergencia, ante el anuncio de cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU), el área que se encarga de planificar los proyectos de infraestructura en los barrios populares.
Bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, representantes de la Iglesia, organizaciones comunitarias y agrupaciones sociales alertaron por la parálisis y la desarticulación de la SSISU, luego de que se conociera que no se le renovarán los contratos a los 300 empleados del organismo.
“Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, apuntó Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina. El prelado, que tiene una vasta experiencia en tareas pastorales en barriadas pobres, es uno de los los voceros del reclamo al gobierno de Javier Milei para que se reactiven las obras.
“Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH (Asignación Universal por Hijo) o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir”, consideró en declaraciones a radio Con Vos.
Esta semana, Carrara encabezó un panel de la Mesa Nacional de Barrios Populares, integrado por Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO; Fernanda García Monticelli, ex subsecretaria de Gestión de Tierras de la SISU; y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, donde expusieron el impacto negativo que tienen los recortes de las obras. En ese marco, expusieron que el virtual congelamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la reducción presupuestaria decidida por el Poder Ejecutivo significó la parálisis de más de 700 obras en todo el país y la interrupción del programa Mi Pieza, que disponía de fondos para realizar mejoras en las viviendas precarias.
Carrara recordó que el ajuste comenzó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo. El Poder Ejecutivo cuestionó el sentido del fondo, que disolvió con el decreto 312/25, y denunció a dirigente de Argentina Humana y excandidato presidencial, Juan Grabois por presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos. Sin embargo, el diputado opositor luego fue sobreseído en julio de 2025 al no encontrar ninguna prueba por malversación.
“Uno de los funcionarios a cargo del FISU, Sebastián Pareja, dijo con honestidad intelectual dijo que no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario. Eran fondos auditados por universidades y organismos internacionales”, recordó Carrara. Y agregó que “ahora hay un paso muy duro que es el cierre de la SISU con sus trabajadores, que eran el brazo ejecutor concreto de esta política pública con los vecinos y vecinas de los barrios”.
“Estamos hablando de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios. Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica”, concluyó.
Fuente: Infobae
