El decreto presidencial publicado este martes permite a la Policía Federal detener personas hasta por diez horas sin orden judicial, requisar pertenencias, realizar vigilancia en espacios digitales y detener a quien no acredite identidad ante sospechas razonables. La medida, aprobada sin debate legislativo, busca modernizar la fuerza al estilo de agencias extranjeras como el FBI, generando rechazo de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, INECIP y CELS.
Entre las voces críticas se destaca la del constitucionalista y abogado Oscar Blando, quien alertó que esta reforma introduce un “estado de sospecha generalizado” que contrasta con el principio de presunción de inocencia garantizado por la Constitución. Blando remarcó que el decreto modifica el artículo 10 Bis, “establece la peligrosidad sin delito” y autoriza a perseguir a quienes la policía presume, no a quienes cometen un delito.
Estamos en presencial de la mayor regresión en materia de libertades y garantías individuales desde el retorno de la democracia. Se ha roto el estado de derecho en la Argentina.
— Oscar Blando (@oscarblando1) June 19, 2025
El abogado subrayó que en democracia la libertad ambulatoria solo puede restringirse con una orden judicial, salvo en casos de flagrancia: “El no identificarse no puede ser causal de detención o de demora”, afirmó, y advirtió que estas medidas resultan “antidemocráticas, anticonstitucionales e ineficaces”.
Blando además criticó el argumento oficial de combatir el narcotráfico mediante controles masivos de identidad. Lo definió como “absurdo pretender prevenir el crimen pidiendo el DNI a la gente” y sostuvo que “no se detiene para investigar: hay que investigar para detener”, advirtiendo que el decreto instala un “estado policial, de sospecha permanente” incompatible con el estado de derecho.
En su análisis, también remarcó que la obligación de portar documentos no es obligatoria en Argentina en democracia, y cuestionó la efectividad de detener personas sin antecedentes o requerimientos judiciales. “¿Cuántas personas detenidas tenían antecedentes?” se preguntó, al tiempo que aconsejó regularización y documentación antes que detenciones arbitrarias.
El decreto dispone además la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una nueva estructura dentro de la PFA que operará durante dos años con facultades ampliadas, contrataciones directas y vigilancia digital, inspirada en modelos internacionales.
Con este marco, Blando considera que el decreto no solo vulnera garantías individuales, sino que instala una lógica de vigilancia y represión preventiva. Según señaló, es prioritario que el Congreso y la Justicia intervengan para frenar la medida y resguardar las libertades reconocidas en la Constitución.
