Los operativos, ordenados por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional, se llevaron a cabo en al menos 20 domicilios de distintas localidades de Santa Fe—incluyendo Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda—y en la ciudad de Buenos Aires. También hubo allanamientos en Adrogué, provincia de Buenos Aires.
La causa, iniciada en 2020, ya cuenta con un requerimiento de elevación a juicio. La Fiscalía sostiene que la caída de Vicentin en 2019 no fue consecuencia de una crisis repentina, sino el resultado de un proceso de endeudamiento y deterioro financiero que se extendió durante años y fue deliberadamente ocultado a bancos y proveedores.
Según la acusación, los ex directivos habrían utilizado balances con información financiera falsa en los ejercicios 2017 y 2018, además de presentar informes trimestrales engañosos entre 2017 y 2019 a cinco bancos internacionales, con el fin de acceder a créditos por más de 500 millones de dólares.
El Ministerio Público de la Acusación señala que Vicentin continuó captando recursos de bancos y proveedores incluso cuando su situación financiera era insostenible, lo que derivó en el default de 2019 y la posterior presentación en concurso de acreedores.
El expediente, que ya supera las 500 páginas, describe maniobras de simulación, balances alterados y un flujo de fondos desordenado entre la empresa y sociedades vinculadas, que habrían sido parte de un esquema fraudulento.
