El oficialismo obtuvo dictamen para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares y se encamina a tratar el proyecto este miércoles en la Cámara de Diputados, donde confía en reunir los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa propone modificar el alcance de la norma vigente desde 2010 para permitir actividades mineras en áreas periglaciares bajo determinados criterios técnicos.
El debate en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales estuvo marcado por la tensión política y los cruces entre legisladores. Durante la reunión, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió el proyecto frente a las críticas de la oposición, que cuestionó tanto el contenido de la reforma como su trayectoria profesional previa vinculada a empresas del sector.
Ante las acusaciones por presunto conflicto de intereses, el funcionario rechazó los cuestionamientos y reivindicó su experiencia en la industria minera. Sostuvo que su conocimiento del sector resulta clave para el diseño de políticas públicas en el área.
La reforma de la Ley 26.639 apunta a redefinir qué zonas deben considerarse protegidas, habilitando la exploración y explotación económica en áreas periglaciares que, según evaluaciones técnicas, no cumplan funciones hídricas estratégicas. Además, el proyecto otorga mayor autonomía a las provincias para decidir sobre sus territorios, reduciendo la intervención del Estado nacional.
Desde el oficialismo argumentan que los cambios brindarán mayor seguridad jurídica a las inversiones sin afectar recursos hídricos esenciales. En contraposición, bloques opositores y organizaciones ambientalistas advierten que la flexibilización de los controles podría poner en riesgo reservas clave de agua dulce y el equilibrio ambiental en regiones cordilleranas.
El tratamiento del proyecto también generó críticas por la modalidad del debate previo. La audiencia pública realizada en Diputados tuvo participación limitada, lo que dejó a numerosos interesados fuera de la discusión presencial, obligándolos a enviar sus opiniones por otros medios.
Pese a las objeciones, el oficialismo cuenta con el respaldo de aliados y sectores de la oposición que permitirían alcanzar una mayoría estimada en alrededor de 140 votos. De concretarse ese apoyo, la Cámara baja avanzará con una reforma que reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental en el país.
