El intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner tiene un capítulo aparte en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Al igual que la mayoría de los cuerpos legislativos, el santafesino se pronunció en repudio a lo ocurrido y en solidaridad con la ex jefa de Estado.
Pero también fue escenario de debate por los dichos de la diputada provincial Amalia Granata, quien en sus redes sociales aseguró que el fallido atentado contra la vicepresidenta fue “una pantomima”. “Ya no saben qué hacer para victimizarla”, aseveró desde su cuenta de Twitter, casi inmediatamente después del intento de magnicidio.
Y casi inmediatamente después, el bloque peronista pidió su remoción. ¿Cuáles son los pasos institucionales para expulsar a un diputado de la Cámara baja provincial? Hasta la fecha, hay un solo antecedente, pero otra posibilidad: pedir disculpas, algo que no descarta la propia Granata.
La publicación de diputada fue considerada de extrema gravedad por el bloque peronista de la Cámara de Diputados de Santa Fe que ya el jueves por la noche anticipó su pedido de remover a la legisladora de Somos Vida.
Pero finalmente este viernes el bloque del PJ no logró los consensos necesarios para tratar la expulsión. Para poder hacerlo sobre tablas se requería de una sesión especial y el respaldo de dos tercios de los legisladores.
En cambio, sí ingresó formalmente el pedido que será tratado en la próxima sesión ordinaria y se girará a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Una vez que se dé este trámite burocrático, serán los integrantes de esta comisión los que definan los pasos a seguir. En primera instancia tendrán que convocar a Granata para que haga su descargo y luego determinar si se avanza o no con el pedido de remoción que luego tiene que ser aprobado en el recinto.
Entre la expulsión y el pedido de disculpas
Pese a la particularidad del hecho, ésta no es la primera vez que la Cámara de Diputados de Santa Fe discute la expulsión de uno de los integrantes de su cuerpo. A comienzos del 2000 hubo un apartamiento y en 2016 se planteó una cuestión de privilegio que se giró a comisión pero no prosperó.
El 14 de septiembre del 2001 la Cámara de Diputados votó de forma unánime la expulsión de Rubén Miret. El legislador oriundo de Villa Cañás estaba acusado por pedir coimas a cambio de adjudicar planes de vivienda en distintos municipios y comunas santafesinas.
Finalmente, la Corte santafesina encontró a Miret autor penalmente responsable de los delitos de tráfico de influencias en cuatro hechos y lo condenó a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Más acá en el tiempo, y salvando las distancias, en el 2016 hubo un caso que se podría comparar con el planteado este viernes por los legisladores peronistas contra Granata. Se trata de la cuestión de privilegio que solicitó en ese entonces el Socialismo contra Roy López Molina.
El por entonces diputado de Unión PRO Federal había acusado en declaraciones mediáticas al ex gobernador Antonio Bonfatti y al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro de “avalar la mentira y la ficción del juicio abreviado a la banda de Los Monos”.
“Quiero que quede muy claro, señor presidente, que el planteo no pasa por la libertad y el derecho que tiene cada legislador de este cuerpo y de cualquier Parlamento de desarrollar su actividad política y sus puntos de vista ideológicos. Así es la democracia, así son los partidos políticos, y aunque estemos en posiciones ideológicas que están en las antípodas, todos tenemos derecho a manifestarnos y a opinar sobre determinados hechos de la realidad…”, sostuvo.
Y agregó: “No hay ningún derecho, por más fueros que tengamos, a jugar de una manera arbitraria y a juzgar sin ningún elemento objetivo de la realidad la honorabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo ni de nadie. Y fue lo que ocurrió con estas declaraciones”.
Ese pedido fue aprobado por unanimidad y se giró a la comisión de Asuntos Constitucionales donde, según confirmó el propio López Molina, el procedimiento quedó en la nada.
En el caso de Granata, podría quedar en unas disculpas. Esto mismo advirtió la propia diputada tras el revuelo legislativo, en declaraciones al diario UNO de Santa Fe. "Seré prudente y que se esclarezca el caso y si así pasa, porque para mí todo es muy dudoso, y dicen que fue un atentado saldré a pedir las disculpas correspondientes. Mientras tanto puedo pensar lo que puse en Twitter", aseveró.
Fuente: Rosario3
