Una multitudinaria columna de trabajadores se concentró este jueves frente a la Legislatura provincial en la ciudad de Santa Fe. La movilización, encabezada por la CGT Santa Fe junto a otras centrales obreras, expresó un rechazo contundente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional, calificándolo como un retroceso histórico para los derechos de los trabajadores.
Claudio Girardi, titular de la CGT local, explicó que la marcha busca frenar una reforma de “100 páginas que en ninguna piensa en los trabajadores, ni en las PyMEs, ni en las grandes empresas”.
Un pedido de debate y no a “libro cerrado”
Desde la central obrera criticaron la metodología exprés con la que se intenta tratar la ley. “No se puede tratar una reforma laboral a libro cerrado en 24 horas”, afirmó Girardi, quien comparó la situación con la polémica “Ley Banelco” de años anteriores.
El dirigente sindical propuso que el debate se postergue para el inicio de las sesiones ordinarias: “Si quieren un debate, el primero de marzo, cuando arranquen las asambleas legislativas normales y habituales, empezamos una discusión”. Girardi enfatizó que las leyes por sí solas no generan empleo, sino que son las políticas de Estado las que lo hacen.
Preocupación por el “Banco de Horas”
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de las horas extras y su reemplazo por un sistema de “banco de horas”. Según Girardi, esto permitiría que un empleado trabaje hasta 12 horas diarias sin remuneración adicional, afectando gravemente la vida familiar y personal.
Jorge Hoffman, de ATE, coincidió en este punto y agregó que la medida implica que “un trabajador puede trabajar hasta 12 horas”, lo que rompe con el esquema tradicional de jornada laboral y descanso.
Solidaridad y alerta por las jubilaciones
Aunque la reforma apunta principalmente al sector privado, los gremios estatales se sumaron en solidaridad. Hoffman advirtió sobre el impacto en la seguridad social: “Se desfinancia a los jubilados. Van a usar 500 millones de dólares de la Anses para poder financiar los despidos”.
El referente de ATE señaló que se reducen los aportes patronales a las obras sociales, transfiriendo costos y beneficios a las grandes empresas en detrimento de los trabajadores y del sistema previsional.
“Un retroceso a 1930”
Por su parte, Pedro Bayugar, de Sadop, calificó la iniciativa como un “retroceso en los derechos de los trabajadores a 1930”. El dirigente docente sostuvo que las políticas actuales apuntan a la “timba financiera” y no a la producción o al desarrollo.
“Nuestra más absoluta solidaridad, porque esto es un atropello a la clase trabajadora”, sentenció Bayugar, asegurando que la lucha continuará en unidad, tanto en la Legislatura como en el ámbito judicial si fuese necesario.
