La jornada electoral de este domingo dejó un dato preocupante: apenas el 66% de los argentinos habilitados concurrió a votar, según los datos oficiales difundidos tras el cierre del escrutinio. Con ese porcentaje, el ausentismo alcanzó el 34%, lo que equivale a más de 12 millones de ciudadanos que decidieron no participar del proceso electoral. Se trata de uno de los niveles de participación más bajos desde 1983.
Este comportamiento ratifica una tendencia que ya se venía observando en los diez distritos que desdoblaron sus elecciones provinciales entre abril y septiembre, donde en seis de ellos la participación ni siquiera llegó al 60%. En Chaco, por ejemplo, la mitad del electorado se mantuvo al margen de las urnas en los comicios del 11 de mayo.
Consultores políticos coinciden en que el malestar social, el deterioro económico y el desgaste en la relación entre la ciudadanía y la dirigencia fueron factores clave para explicar el fenómeno. La desconfianza en las instituciones, la percepción de corrupción, la falta de propuestas concretas y el cansancio ante campañas polarizadas también aparecen entre las causas más mencionadas.
Desde el retorno de la democracia, los niveles de participación electoral solían superar el 80%. En los años 80 el promedio fue del 85%, y durante los 90 rondó el 82%. Sin embargo, desde 2015 los índices comenzaron a descender de manera sostenida. En las legislativas de 2021, atravesadas por el impacto de la pandemia, la participación cayó al 72%.
De acuerdo con proyecciones elaboradas por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, se esperaba para esta elección una concurrencia cercana al 67%, con un piso del 65%, lo que finalmente se confirmó. En la provincia de Buenos Aires —que concentra el 37% del padrón nacional— 5,5 millones de electores no fueron a votar, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires casi la mitad del padrón se ausentó en los comicios locales de mayo.
El descenso en la participación refleja un clima de apatía y desconfianza creciente que, según los especialistas, plantea un desafío mayúsculo para la representación política y la legitimidad de las futuras gestiones.
