El juez federal Hugo Vaca Narvaja anunció que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a 17 personas que permanecían desaparecidas tras haber sido secuestradas en el centro clandestino La Perla, uno de los principales dispositivos represivos de la última dictadura militar.
La confirmación se realizó en una conferencia de prensa en los tribunales federales de Córdoba, con la presencia de familiares de las víctimas. De las 17 identificaciones, se difundieron oficialmente 16 nombres, ya que en uno de los casos la familia solicitó preservar la identidad.
Entre las personas identificadas se encuentran trabajadores, estudiantes, militantes políticos y sociales que fueron secuestrados entre 1975 y 1978 en distintos puntos del país. Muchos de ellos permanecieron cautivos en La Perla antes de ser asesinados, mientras que otros también habían pasado por el centro clandestino La Ribera.
Estas nuevas identificaciones se suman a las 12 anunciadas en marzo, lo que eleva a 29 el total de víctimas cuyos restos pudieron ser reconocidos en el marco de las investigaciones en el predio.
Avances en las excavaciones
Los trabajos del EAAF se concentran en un sector conocido como Loma del Torito, un área cercana al predio donde funcionó el centro clandestino. Allí, entre septiembre y noviembre del año pasado, se recuperaron alrededor de 1200 fragmentos óseos que actualmente continúan en análisis.
El magistrado señaló que podrían producirse nuevas identificaciones en el futuro, a medida que avancen los estudios. En ese sentido, los equipos forenses retomaron recientemente las tareas de exploración en la zona.
Un sitio clave del terrorismo de Estado
El centro clandestino de La Perla funcionó entre 1976 y 1978 como lugar de detención, tortura y exterminio. Se estima que entre 2200 y 2500 personas pasaron por allí, en su mayoría desaparecidas, y solo un reducido número logró sobrevivir.
Según reconstrucciones judiciales y testimonios, las víctimas eran trasladadas en camiones, con los ojos vendados y las manos atadas, hacia zonas aledañas donde eran ejecutadas y enterradas en fosas clandestinas.
Investigaciones posteriores indican que, en 1979, se habría realizado un operativo para remover los cuerpos y ocultar pruebas ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, fragmentos óseos permanecieron en el lugar y hoy permiten avanzar en la identificación de las víctimas.
A casi cinco décadas de los hechos, el trabajo del EAAF continúa aportando respuestas a familiares y contribuyendo a la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia.
