Este martes, el Ministerio Público de la Acusación imputó a M. B. R. (42) y E. C. (30) por los delitos de robo calificado —por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública— y encubrimiento agravado. La medida fue dictada luego de que ambos fueran detenidos durante un allanamiento en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por el robo de motocicletas.
M. B. R es hija del exjuez de menores Julio Roggiano, quien fue destituido en 2003 tras ser filmado recibiendo una coima. La mujer fue arrestada junto a su pareja en su domicilio particular, ubicado en las inmediaciones de avenida Siete Jefes y Luciano Molinas. En el lugar, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Complejas I secuestraron partes de motocicletas con números de motor y chasis adulterados o con pedido de secuestro por robo.
Investigación y pruebas
La pesquisa se centró en una serie de robos de motos ocurridos en el micro y macrocentro de la ciudad. A través de cámaras de videovigilancia y seguimiento territorial, los investigadores lograron identificar tres inmuebles donde se acopiaban los vehículos sustraídos: además del domicilio de Siete Jefes, se allanaron propiedades en Juan Díaz de Solís al 1800 (barrio Santa Lucía) y Huergo al 3600 (barrio Los Hornos).
Las imágenes y registros obtenidos por la PDI permitieron reconstruir los movimientos de los autores y vincularlos con cada uno de los hechos investigados. En base a estos elementos, la Fiscalía formuló la imputación en una audiencia celebrada este miércoles.
Un apellido con historia judicial
El caso tiene una fuerte carga simbólica: María Belén Roggiano es hija del exjuez Julio Roggiano, destituido tras ser sorprendido en 2003 recibiendo dinero marcado por orden judicial. El entonces magistrado fue denunciado por corrupción tras exigir pagos a familiares de menores detenidos.
La mujer había sido noticia en 2002, cuando su padre denunció que fue víctima de un secuestro extorsivo, presuntamente motivado por su actuación como juez. Sin embargo, la investigación desestimó la hipótesis del magistrado y no se logró comprobar que el hecho estuviera relacionado con su función judicial.
Ahora, más de 20 años después, su apellido vuelve a los tribunales, esta vez por un caso de robos reiterados y presunto encubrimiento de vehículos robados.
