La acusada, identificada como Brenda N., está siendo investigada por haber agredido físicamente y amenazado a su hijo de 11 años, una situación que fue advertida por las autoridades de la escuela a la que asiste el menor.
La audiencia se desarrolló en el Anexo del Palacio de Justicia, donde el fiscal Ignacio Lascurain le atribuyó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas, ante la jueza penal Rosana Carrara.
La mujer permanecerá detenida hasta la realización de una nueva audiencia, prevista para el jueves o viernes, en la que se analizarán las medidas cautelares correspondientes.
El niño llegó a la escuela con lesiones y contó lo ocurrido
El caso se conoció la semana pasada, cuando un alumno de la Escuela N.º 95 de Alto Verde se presentó en el establecimiento educativo con distintas lesiones visibles.
Ante esta situación, personal de la institución intervino para conocer qué había ocurrido y, durante el diálogo, el niño señaló a su madre como la responsable de las agresiones.
Frente a la gravedad del relato, las autoridades escolares activaron el protocolo correspondiente para situaciones de presunta violencia familiar y dieron intervención a los organismos competentes.
La actuación permitió poner en conocimiento de la Justicia lo sucedido y avanzar con las primeras medidas de investigación.
Detuvieron a la madre e iniciaron una investigación penal
A partir de la denuncia y de las actuaciones realizadas, la mujer fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La investigación busca establecer las circunstancias en las que se habrían producido las agresiones y determinar la responsabilidad penal de la imputada.
Durante la audiencia celebrada este martes, el fiscal Lascurain formalizó la atribución de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas.
Tras esa instancia, se dispuso que la mujer continúe privada de su libertad hasta la próxima audiencia, en la que se definirá si corresponde mantener una medida cautelar durante el desarrollo del proceso.
El menor quedó al cuidado de un familiar
En paralelo a la investigación penal, se activaron medidas de protección destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar del niño.
Inicialmente, el menor recibió asistencia de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Posteriormente, se adoptó una medida de protección excepcional de urgencia, mediante la cual se designó a un integrante de su entorno familiar como responsable de su cuidado.
Esta intervención busca resguardar al niño mientras continúa el abordaje de su situación por parte de los organismos especializados.
La causa judicial seguirá avanzando en los próximos días, con una nueva audiencia en la que se resolverá la situación procesal de la mujer imputada.
El caso vuelve a poner de relieve la importancia de la intervención de las instituciones educativas ante posibles situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como la necesidad de activar oportunamente los mecanismos de protección.
