El proyecto de reforma penal juvenil que ingresó a la Cámara de Diputados mantiene la base del dictamen obtenido en 2025, pero incorpora una modificación fundamental: el Gobierno nacional sumó un mecanismo de compensación de fondos para garantizar el financiamiento de la medida entre la Nación y las provincias.
Este punto resulta esencial para la operatividad del nuevo régimen, ya que la implementación de centros especializados y medidas socioeducativas requiere una estructura de recursos coordinada.
Penas máximas y medidas socioeducativas
La propuesta busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. El texto establece un régimen especial que prioriza medidas alternativas, descartando la reclusión perpetua y fijando un tope de 20 años de condena para menores de edad.
Dependiendo de la gravedad del delito, el proyecto contempla diferentes escalas:
Delitos graves (14 años o más): Se podrán aplicar penas similares a las de adultos, con un máximo de 15 años, aunque se prohíbe el alojamiento en cárceles comunes.
Delitos sin violencia grave: Para hechos con penas menores a tres años o hasta diez años sin violencia, se fomentará la libertad asistida y tareas comunitarias con un enfoque pedagógico.
Objetivo central: Desde el Ejecutivo nacional señalaron que la intención es terminar con la “puerta giratoria” y evitar la impunidad en delitos cometidos por jóvenes que hoy no son alcanzados por la Ley 22.278.
Cronograma legislativo
El tratamiento de la reforma será inminente en el Congreso de la Nación. Se espera que el proyecto sea analizado en comisión este miércoles, mientras que la discusión en el recinto y su posterior votación por parte de los diputados se llevaría adelante este jueves.
