La investigación por el funcionamiento de una residencia para adultos mayores sin habilitación en barrio Nuevo Horizonte busca determinar si detrás del establecimiento existió una estructura que involucrara a otras personas. El fiscal regional Jorge Nessier confirmó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabaja de manera articulada con la Justicia Federal, a partir de una denuncia que plantea la posible comisión del delito de trata de personas.
La causa se inició tras el incendio ocurrido el 29 de julio en un inmueble de calle José Gollán al 10.100, donde fueron encontrados siete adultos mayores y personas con discapacidad que vivían en condiciones precarias. El procedimiento permitió descubrir que allí funcionaba una residencia que no contaba con habilitación.
A partir de ese episodio, la investigación avanzó sobre las responsabilidades de quienes estaban a cargo del lugar y la posible participación de terceros. Actualmente, dos personas fueron imputadas en la causa provincial.
Una posible conexión con la Justicia Federal
Jorge Nessier explicó que se estableció un ámbito de coordinación entre el MPA y un fiscal federal para compartir información y avanzar en las distintas hipótesis. La articulación responde a una denuncia que advierte sobre una posible situación de trata de personas, un delito cuya investigación corresponde al fuero federal.
El fiscal regional aclaró que todavía no existen conclusiones sobre el alcance de esa línea investigativa y consideró prematuro anticipar resultados. Las próximas definiciones dependerán de las medidas que se encuentran en desarrollo en ambas jurisdicciones.
Investigan transferencias y posibles derivaciones irregulares
Otra de las líneas centrales apunta a reconstruir el circuito económico del establecimiento. El fiscal Marcelo Nessier analiza los pagos y las transferencias que realizaban las personas alojadas a la titular de la residencia.
En paralelo, se busca establecer si existieron derivaciones de adultos mayores o personas en situaciones de vulnerabilidad desde ámbitos municipales o sanitarios hacia establecimientos que no contaban con habilitación.
Una de las hipótesis bajo análisis es si esas derivaciones pudieron estar vinculadas con el acceso a los ingresos de los residentes, como pensiones y haberes previsionales, o con eventuales contraprestaciones económicas.
Para avanzar en esa investigación, el MPA solicitó información a alrededor de 20 entidades bancarias y 12 billeteras virtuales. Los requerimientos comprenden movimientos financieros del último año y medio y buscan detectar posibles pagos indebidos o situaciones de cohecho que pudieran involucrar a la administradora del establecimiento y a eventuales empleados públicos.
Por el momento, no se identificaron ni imputaron nuevos responsables. La Fiscalía continúa con el análisis de la documentación y de las operaciones financieras.
La situación judicial de los imputados
La titular de la residencia, María Laura Milia Gamboa, permanece en prisión preventiva, imputada por abandono de persona. En tanto, un empleado del establecimiento fue acusado de privación ilegítima de la libertad y recuperó la libertad bajo medidas alternativas.
Además, el fiscal regional se refirió a las conversaciones sobre la posibilidad de un eventual juicio abreviado para la propietaria. Según explicó, existen tratativas entre las partes, aunque las negociaciones se mantienen bajo confidencialidad.
La investigación busca establecer si el caso se limitó a las responsabilidades de quienes administraban la residencia o si existió una trama más amplia de derivaciones, movimientos económicos y participación de terceros.
