El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sufrió este jueves un extraño episodio en el lugar que usa para trabajar en la ciudad de Santa Fe: desconocidos entraron al edificio, en la zona céntrica de la capital, y buscaron acceder al departamento donde el juez tiene su biblioteca, su escritorio y escribe los borradores de sus votos. Aún no se sabe si los intrusos consiguieron entrar al lugar y llevarse algo. La puerta estaba con rastros de haber sido “barreteada”. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se comunicó con Rosatti para informar que ya estaba trabajando para esclarecer lo ocurrido.
Los hechos ocurrieron cuando el ministro se encontraba cumpliendo su actividad en el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy junto a sus colegas de la Corte Suprema rechazaron las recusaciones que había motorizado el Estado Nacional en el marco de la causa por coparticipación que inició el gobierno porteño. Precisamente, esa causa fue uno de los ejes de la acusación del oficialismo para llevar adelante el juicio político contra los jueces del máximo tribunal. El martes pasado, tras cambiar a seis integrantes de la comisión de juicio político, el oficialismo aprobó la acusación contra los ministros.
“Autores ignorados habrían intentado ingresar al inmueble con fines de ilícito, denotándose a simple vista signos de efracción”, dice el primer reporte policial al que accedió Infobae. “A ese lugar entra Rosatti y las pocas personas que Rosatti deja”, dijeron a este medio sus colaboradores.
De inmediato, el responsable de la Dirección General de Seguridad CSJN Roberto Varela se puso en contacto con los policías para formalizar la denuncia. Por estas horas, se definía en donde quedará radicada la investigación. El juez de turno con la policía en Santa Fe es Aurelio Cuello Muría, mientras que en Buenos Aires estaba terminando su turno el juez Julián Ercolini.
Si se entendiera que el caso tuvo que ver con la función del ministro de la Corte, el caso podría quedar radicado en los tribunales de Comodoro Py 2002.
Es que llamaron la atención otros hechos anteriores. Varias veces el auto oficial de Rosatti apareció con las ruedas pinchadas. Fue denunciado, pero no se hizo público.
Además, hubo un incidente con el hijo de Silvio Robles, director general de la vocalía de Rosatti, que tuvo lugar en la madrugada del 5 de noviembre: una camioneta utilitaria color gris realizó varios disparos en el edificio donde vive el joven. El análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano y de cámaras privadas de edificios y locales en la zona permitieron confirmar el recorrido del vehículo, según la denuncia que también se radicó por esos hechos y que se habían mantenido bajo reserva. A otro colaborador también le entraron al departamento y lo único que le robaron fue la computadora.
Todo esto, a la luz de este nuevo episodio, cobra otra relevancia ahora. Rosatti ya tuvo que acudir este año a los tribunales para radicar una denuncia en la que fue víctima: la creación de cinco líneas telefónicas a su nombre que ahora el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita investigan como la megacausa del espionaje a jueces. A otros dos miembros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también les “fabricaron” líneas a su nombre.
En esa causa fue detenido Ariel Zanchetta, un ex policía que -de acuerdo a la acusación- fue agente de inteligencia inorgánico. Zanchetta también investigó los datos de Robles, a quien buscó más de una decena de veces en la base SudamericaData, algo que lo convirtió en querellante de esa causa.
Los análisis sobre los teléfonos de Zanchetta permitieron detectar otros archivos que, a criterio de los investigadores, demostraron una seguidilla de actividades de espionaje ilegal que tuvieron como blanco a más funcionarios judiciales, políticos, dirigentes sociales, sindicalistas y figuras del ámbito deportivo.
A raíz del análisis de esa información, quedó imputado Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un militante de La Cámpora que hoy ocupa uno de los cargos jerárquicos en la AFIP (Subdirector General de Servicio al Contribuyente). Según esos archivos, el día 9 de octubre de 2022 selecciona un “blanco”, y le encomienda a Zanchetta la realización de un “parte” y de una nota periodística para publicar contra el objetivo y le confirma que siga “reportándose” a aquél. El objetivo era la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.
Hubo allanamientos a la casa y las oficinas de “Conu” Rodríguez para secuestrarle el celular y sus dispositivos, pero como no se lo encontró el fiscal Pollicita llegó a pedir su detención, algo a lo que no hizo lugar el juez. Fue el primer quiebre en la sintonía que venían manejando juez y fiscal en este caso. Ahora, se aguarda el momento en que podrá comenzar a analizarse esos dispositivos a mitad de diciembre. En los reportes de la DAJUDECO que pidió el juez sobre los teléfonos de Zanchetta también aparecieron contactos con el diputado Rodolfo Tailhade.
Zanchetta no es el único detenido en esta causa. También está preso el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro. A él le llegó un pedido vía Telegram de un misterioso usuario que le pidió llevar adelante maniobras para obtener datos personales a los que después les tomarían el control de sus celulares. El aseguró que no sabía quiénes eran. Los objetivos fueron los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, el diputado Diego Santilli y el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, cuyos supuestos chats sirvieron después para denunciar detalles de un viaje con jueces a Lago Escondido, justo horas antes de que se conociera la sentencia en el juicio contra Cristina Kirchner.
Fuente: Infobae
