El presidente Javier Milei vetó tres leyes votadas por amplia mayoría en el Senado: el aumento en los haberes jubilatorios, la recomposición de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad. La decisión fue oficializada este lunes a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Se trata del segundo veto de Milei a iniciativas relacionadas con jubilaciones en lo que va de su gestión. Según fuentes legislativas, los decretos fueron firmados el viernes por la noche. Ahora, la pelota vuelve al Congreso: para insistir con los proyectos y convertirlos en ley, se requerirá una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
Si bien en el Senado los proyectos superaron ese umbral, en la Cámara de Diputados los márgenes fueron más ajustados, lo que complica la posibilidad de revertir la decisión del Ejecutivo. De todos modos, según pudo saber Ámbito, las iniciativas vetadas no serán tratadas en la próxima sesión, prevista para el 6 de agosto. En esa jornada, la oposición pondrá el foco en otros temas como el financiamiento a universidades y salud pediátrica, en medio de las movilizaciones de jubilados que continúan en las inmediaciones del Congreso.
Qué contemplaban las leyes vetadas
Las tres leyes frenadas por Milei habían sido aprobadas por una amplia mayoría parlamentaria y contemplaban medidas significativas:
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Jubilaciones: se proponía un aumento único del 7,2% para todos los niveles, una actualización del bono previsional mensual a $110.000 (hoy en $70.000) y la recomposición de la moratoria previsional, que había vencido en marzo y dejaba sin acceso a la jubilación a personas mayores de 65 años sin 30 años de aportes.
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Emergencia en discapacidad: la norma vetada declaraba la emergencia hasta diciembre de 2027. Garantizaba el financiamiento de prestadores de servicios como enfermeros, acompañantes y transportistas; restablecía los procesos de aprobación de pensiones y actualizaba los montos (en junio, la pensión era de $213.286,50). También contemplaba un aumento para trabajadores con discapacidad en talleres asistidos, quienes actualmente perciben $28.000 mensuales, cifra que no se actualiza desde febrero de 2023.
Los argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo justificaron el veto con dos fundamentos principales:
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Costo fiscal elevado: el Gobierno estima que las tres leyes, en conjunto, representarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y casi 17 billones en 2026, equivalentes al 1% y 1,68% del PBI, respectivamente. Según el decreto, esta erogación “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio económico que el oficialismo considera “innegociable”.
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Cuestionamientos al proceso legislativo: el decreto también denuncia supuestas irregularidades en el tratamiento parlamentario. Afirma que la sesión del Senado del 10 de julio no fue convocada con la antelación reglamentaria y que se aprobaron los proyectos con mayoría simple cuando, según el Ejecutivo, se requerían dos tercios, lo que implicaría una interpretación “ilegítima” del reglamento de la Cámara Alta.
Qué puede pasar ahora
Con el veto consumado, la discusión regresará al Congreso. Para que los proyectos sean convertidos en ley pese al rechazo presidencial, ambas cámaras deberán votar con dos tercios de los presentes, algo difícil de lograr, especialmente en Diputados.
Mientras tanto, organizaciones de jubilados, personas con discapacidad y prestadores de servicios ya comenzaron a expresar su rechazo al veto con nuevas movilizaciones frente al Congreso.
