El concejal Jorge Fernández presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que apunta a la creación de la Oficina Municipal Anticorrupción, un organismo que funcionaría bajo la órbita legislativa local con el fin de prevenir, detectar e investigar actos de corrupción en el sector público municipal. La propuesta busca darle a la ciudad de Santa Fe una institución específica dedicada a la transparencia y al control, algo que —según argumentó el edil— “hoy está ausente y coloca a la capital provincial un paso atrás respecto a los estándares nacionales e internacionales”.
La iniciativa plantea que la Oficina tendrá independencia tanto del Ejecutivo como del propio Concejo y que podrá recibir denuncias de vecinos, instituciones o agentes públicos, además de iniciar investigaciones de oficio. También contará con la facultad de presentar denuncias ante la Justicia y constituirse como querellante en defensa del Estado municipal. Fernández fundamentó que la medida está en línea con las convenciones de la ONU y la OEA contra la corrupción, que el país ya ratificó, y que requieren la existencia de organismos especializados a nivel local.
El proyecto establece que el organismo estará conducido por un Director, abogado con matrícula de al menos cuatro años en el Colegio de Santa Fe, elegido por una comisión integrada por los presidentes de los bloques y aprobado por dos tercios del Concejo. Su mandato será de cinco años y podrá renovarse una sola vez. Para garantizar independencia, el cargo será incompatible con la función de intendente, de empleado municipal, de representantes de empresas contratistas o de funcionarios en ejercicio de la Nación o la Provincia. Además, quien ocupe el cargo no podrá ejercer actividad política partidaria durante su gestión.
Estructura y facultades
La Oficina contará con dos secretarías: una de Investigación, encargada de recibir denuncias, analizar declaraciones juradas, controlar el manejo de fondos públicos e impulsar sumarios; y otra de Prevención y Planificación, dedicada a elaborar programas de ética pública, acceso a la información, control de contrataciones y mecanismos de participación ciudadana. El Director percibirá una remuneración equivalente a la de un concejal y los secretarios cobrarán el 70% de ese monto.
Entre las facultades previstas, el organismo podrá solicitar expedientes, entrevistar a funcionarios, realizar inspecciones y coordinar con otros organismos provinciales, nacionales e internacionales. También deberá elaborar un informe anual sobre las investigaciones tramitadas, los casos archivados y los procedimientos administrativos derivados de posibles hechos de corrupción.
En los fundamentos, Fernández subrayó que la Oficina no debe estar bajo el Ejecutivo sino en el ámbito del Concejo, como órgano de contralor, lo que permitirá “mayor legitimidad, confianza ciudadana e independencia”. Según el edil, la creación de esta institución local representa un paso clave para fortalecer la transparencia y tender puentes entre el gobierno municipal y los vecinos.
