En una jornada legislativa marcada por intensos debates y movilizaciones sociales, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a dos proyectos clave: la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria y la declaración de emergencia en discapacidad.
Reforma de la movilidad jubilatoria
Con 162 votos a favor y 72 en contra, los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo lograron aprobar una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Esta iniciativa busca reemplazar el mecanismo impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 del presidente Javier Milei.
El proyecto establece:
-
Una recomposición adicional del 8,1% para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dado que la inflación de enero fue del 20,6% y el DNU otorgó solo un 12,5% de aumento.
-
Actualizaciones mensuales de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
-
Un aumento anual adicional en marzo, equivalente al 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo período.
-
Establecimiento de un haber mínimo equivalente al 109% del valor de la canasta básica total de un adulto, lo que llevaría la jubilación mínima a aproximadamente $285.000.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta medida tendría un costo fiscal del 0,43% del PBI.
El presidente Javier Milei anticipó que vetará esta ley, argumentando que cualquier aumento del gasto estatal amenaza el equilibrio fiscal.
Declaración de emergencia en discapacidad
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo y respaldada por diversos bloques políticos, busca garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la protección social para las personas con discapacidad.
El proyecto establece medidas urgentes para fortalecer las políticas públicas en materia de discapacidad y asegurar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención de la ONU, que tiene rango constitucional en Argentina.
La aprobación de esta ley se da en un contexto de recortes presupuestarios que han afectado a sectores sensibles, incluyendo prestaciones para personas con discapacidad. Organizaciones sociales y activistas, como el joven Ian Moche, han denunciado la falta de empatía del Gobierno y la necesidad de políticas inclusivas.
Reacciones y contexto
La jornada legislativa estuvo acompañada por una multitudinaria movilización frente al Congreso, donde jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad, movimientos sociales y feministas protestaron contra los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno. Las pancartas denunciaban el abandono estatal y exigían la protección de los derechos adquiridos.
Desde el oficialismo, se cuestionó la responsabilidad fiscal de las medidas aprobadas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó la media sanción a la nueva fórmula jubilatoria, señalando que intenta destruir las cuentas públicas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también expresó su rechazo, afirmando que estas decisiones empobrecen a los jubilados y sus familias.
Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, respaldó la decisión del presidente de vetar la nueva fórmula, sosteniendo que el objetivo del kirchnerismo es quebrar la columna vertebral del programa que es el equilibrio fiscal.
La media sanción de estas leyes representa un desafío significativo para el Gobierno, que deberá decidir cómo proceder ante las demandas sociales y las decisiones del Congreso.
