La investigación judicial por presunto lavado de activos que involucra una lujosa propiedad en Pilar y otros bienes millonarios tendrá un nuevo rumbo. La Cámara Federal de San Martín decidió apartar al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y resolvió que la causa quede a cargo del Juzgado Federal de Campana, liderado por Adrián González Charvay.
El expediente busca determinar si una casaquinta valuada en 17 millones de dólares, junto a una flota de autos de alta gama y caballos de carrera, pertenecen en realidad a testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Por qué cambió la jurisdicción
La decisión fue tomada por el camarista Alberto Lugones, quien asignó la competencia al tribunal de Campana basándose en un criterio territorial. Según el fallo, el supuesto delito de lavado se habría consumado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, al ingresar fondos ilegales al sistema formal mediante la compra del inmueble.
Además, la resolución destacó un dato clave: en noviembre de 2024, la AFA mudó su domicilio legal desde la histórica calle Viamonte hacia una dirección en la calle Mercedes, también en Pilar. Esto reforzó la postura de que el caso debe tramitarse en la jurisdicción bonaerense y no en la Ciudad de Buenos Aires.
Lujos bajo la lupa
La propiedad investigada cuenta con instalaciones de lujo, incluyendo un helipuerto, pistas de entrenamiento equino y un haras con caballos árabes y pura sangre. También se hallaron autos de colección valuados en casi cuatro millones de dólares.
La denuncia original, impulsada por la Coalición Cívica, apunta a que la sociedad propietaria de los bienes, “Real Central”, no tendría la capacidad económica para justificar semejante patrimonio. Sus titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.
Tercer juez en la causa
González Charvay será el tercer magistrado en intervenir en el expediente. Inicialmente, la causa estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos antes de declararse incompetente. Luego pasó a Marcelo Aguinsky, quien intentó retener el caso argumentando que el delito precedente (defraudación) habría ocurrido en la sede porteña de la AFA.
Sin embargo, la Cámara de San Martín priorizó el lugar donde se encuentran los bienes y donde se habría materializado el lavado, garantizando así el principio del “juez natural”.
