La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvió, por mayoría, rechazar el diploma de la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza. El dictamen, firmado por 12 de los 19 integrantes del cuerpo, no es vinculante, pero será la base del debate previsto para el 28 de noviembre, cuando el pleno de la Cámara alta vote la validez del título.
El rechazo al pliego de Villaverde había sido anticipado por el bloque peronista, que cuestionó los antecedentes de la dirigente libertaria, vinculados a una causa por compra de cocaína en Estados Unidos y a su relación con Fred Machado, empresario argentino extraditado en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero. Durante el encuentro, la comisión elaboró dos dictámenes de mayoría: uno que avala los títulos de los 23 senadores electos —incluidos Jorge Capitanich y Martín Soria— y otro que propone rechazar el de Villaverde.
La oposición sumó a sus ocho firmas las de Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Alejandra Vigo (Unidad Federal), conformando el grupo que respaldó el dictamen desfavorable. En paralelo, La Libertad Avanza anunció que presentará un dictamen de minoría para aprobar el diploma de Villaverde y, a la vez, impugnar los de Capitanich y Soria.
El debate en comisión estuvo atravesado por fuertes cruces políticos. José Mayans (Unión por la Patria) sostuvo que Villaverde “no puede formar parte del Senado” por tener “comprobado el delito de tráfico y venta de drogas”. La intervención más determinante provino de Juan Carlos Romero, históricamente enfrentado al kirchnerismo, quien afirmó que las objeciones “van más allá de lo político” y se apoyan en antecedentes penales en Estados Unidos. Romero alertó sobre la gravedad de los vínculos señalados y comparó el caso con el antecedente colombiano de Pablo Escobar, enfatizando la necesidad de “preservar el sistema”.
En contraste, Luis Juez (PRO) defendió a Villaverde y aseguró que las acusaciones “son falsas”, citando resoluciones judiciales que —según explicó— descartarían esas imputaciones. Desde el bloque libertario, Juan Carlos Pagotto reclamó ceñirse a criterios de “objetividad y prueba”, e invocó el artículo 55 de la Constitución Nacional, recordando que la moralidad de los legisladores no es un criterio habilitado para impedir su asunción.
Las respuestas cruzadas continuaron con cuestionamientos de la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien advirtió sobre el riesgo de naturalizar vínculos con casos de narcotráfico, y de Anabel Fernández Sagasti (UP), que sostuvo que el Senado tiene “la oportunidad de no abrirle la puerta al crimen organizado”.
El debate continuará en el recinto, donde el oficialismo y la oposición medirán fuerzas en una votación clave para definir si Lorena Villaverde podrá finalmente ocupar su banca.
